El pleno del Senado de la República aprobó este lunes por unanimidad el dictamen con el que se expide la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
El aval a esta ley se dio con 107 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. La bancada de senadores morenistas y partidos aliados impulsaron esta iniciativa, la cual se devolverá a la Cámara de Diputados.
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Claudia Ruiz Massieu, del PRI; Damián Zepeda, del PAN, Antonio García Conejo, del PRD, durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios ante el dictamen, anunciaron el voto a favor de la iniciativa por parte de sus bancadas, luego de reconocer la disposición al diálogo de Morena y sus aliados en la Cámara alta, y ponderar la construcción del consenso sobre el proyecto por parte de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.
El senador de Morena, Germán Martínez Cázares, fue el único legislador que subió al estrado a criticar el dictamen, del que aseguró, “aporta poca claridad a los procedimientos y hará inoperante la facultad exclusiva de los diputados de remover el fuero”.
Martínez Cázares, que la semana pasada emitió un voto particular para este proyecto, manifestó que lo retiraba en protesta tras acusar que la minuta enviada por la Cámara de Diputados al Senado es “una reedición del pacto de impunidad de la clase política que tanto molesta al ciudadano”.
“La minuta de los diputados mantiene ese ‘ambientito’ corrupto de impunidad y descarada complicidad. Algo huele a podrido desde San Lázaro y en protesta yo retiro mi voto en particular”, dijo el legislador por Morena.
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La nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia establece que se puede emprender un juicio político cuando algún funcionario ataque a las instituciones democráticas, viole los derechos humanos o cometa cualquier violación a la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Cualquier ciudadano podrá formular por escrito una denuncia contra un servidor público si considera que este último cometió un delito.
La iniciativa también plantea que el presidente pueda ser imputado y sometido a juicio por traición a la patria, corrupción, delitos electorales y todas aquellas violaciones a la ley por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
La votación de este dictamen en el pleno del Senado estaba prevista en la tarde del jueves pasado, luego de que el martes fue aprobado en las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. Sin embargo, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios decidieron aplazar la discusión para revisar el proyecto de ley.
Ese día, senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), amagaron con impugnar esta nueva ley por ser inconstitucional.
Durante la discusión en comisiones, ambas fracciones argumentaron que no se puede obligar a los congresos locales a acatar las resoluciones del Congreso federal en cuanto a declaraciones de procedencia o desafueros, tal como indica la nueva ley.
Esta normativa busca evitar que se repita lo sucedido en Tamaulipas con el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien logró mantener el fuero porque el congreso estatal no homologó la decisión de la Cámara de Diputados, la cual había aprobado su desafuero.
