La demanda que el gobierno de México anunció hace un mes contra fabricantes de armas en Estados Unidos comenzará hasta 2022, según el acuerdo de partes presentado ante la Corte Federal de Boston, donde se lleva el caso, el día de ayer.
Las principales empresas fabricantes de armas y el gobierno de México establecieron como límite febrero de 2022 para presentar mociones para desechar la demanda por improcedente y sus réplicas respectivas de acuerdo con las Reglas Federales de Procedimiento Civil vigentes en Estados Unidos.
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Las firmas están trabajando con boutiques de litigios y otras oficinas legales regionales para coordinar un informe conjunto que responda a los reclamos de México, según el nuevo documento.
Los abogados defensores de los fabricantes de armas dijeron en la presentación del martes que se espera que ciertos temas en las próximas mociones para desestimar la demanda “se superpongan significativamente”. Dijeron que planean presentar un escrito compartido como “la manera más eficiente de llevar estos asuntos ante el tribunal”. Los informes individuales de las empresas presentarán problemas más específicos, dijeron los abogados.
“Los acusados notificados pueden presentar un memorando de ley conjunto en apoyo de sus mociones de la Regla 12 (b) que no excedan las 45 páginas. Estos papeles se archivarán el o antes del 22 de noviembre de 2021”, dice el documento presentado ante la corte. México puede presentar un escrito en oposición a la declaración conjunta de los demandados, es decir, los fabricantes de armas, antes del 31 de enero.
Las empresas fabricantes de armas pueden presentar una réplica conjunta en apoyo de su memorando antes del 28 de febrero de 2022.
Varias firmas de abogados importantes representarán a los fabricantes de armas de Estados Unidos en la demanda que México presentó recientemente y que busca responsabilizar a las empresas por supuestamente contribuir a una oleada de armas de fuego que ingresan ilegalmente al país.
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La denuncia de México del 4 de agosto acusó a algunos de los mayores fabricantes de armas de fuego de Estados Unidos, incluidos Smith & Wesson Brands Inc, Sturm, Ruger & Co Inc y Glock Inc, de “suministrar persistentemente un torrente de armas” a los cárteles de la droga en México. “Los acusados están completamente al tanto del tráfico masivo de sus armas hacia México“, dice la demanda, acusando a los fabricantes de armas de crear una “molestia pública” en México.
El socio de la firma Jones Day, Noel Francisco, quien dirige la oficina de la firma en Washington D.C. y quien se desempeñó como procurador general de los Estados Unidos en la administración del expresidente Donald Trump, representa a Smith & Wesson, con sede en Massachusetts, con su socio Andrew Lelling. Lelling, un exfiscal de los Estados Unidos para Massachusetts, se unió a Jones Day en febrero para ayudar a construir la oficina de Boston.
Ruger, con sede en Connecticut, está representada por Day Pitney y la firma Swanson, Martin & Bell con sede en Chicago. Los abogados de Cozen O’Connor, con sede en Filadelfia, aparecieron en la presentación de la acusada Beretta USA Corp.
Los abogados de la firma Cornell & Gollub en Boston representan a Glock Inc. junto con la firma de abogados Renzulli, con sede en White Plains, Nueva York.
Los abogados defensores de Jones Day, Cozen, Day Pitney y Cornell Gollub se negaron a comentar el miércoles o no respondieron a un mensaje en busca de comentarios.
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El abogado del gobierno de México, Steve Shadowen, de la firma Shadowen con sede en Austin, Texas, se negó a comentar.
México acordó pagar a la firma de Shadowen hasta un millón anual para representar al país en su demanda en el Tribunal Federal para el Distrito de Massachusetts. La firma dijo que reduciría sus tarifas por hora a la mitad como parte de su trabajo para México.
Jones Day ha representado durante mucho tiempo a clientes de armas de fuego, tabaco y otros en juicios que alegan reclamos por molestias públicas. La firma se jacta en su sitio web de que “ha estado y sigue estando a la vanguardia en la defensa de litigios por molestias públicas”.
Smith & Wesson ha confiado en otros grandes bufetes de abogados para el trabajo de litigios en los últimos años. Empresas como DLA Piper y Shook, Hardy & Bacon han aparecido como asesores legales de la empresa en varios asuntos. El caso quedó asentado como “Estados Unidos Mexicanos v. Smith & Wesson Brands Inc, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts”.
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Las firmas que participarán en el litigio:
- Por México: Steve Shadowen de Shadowen
- Para Glock Inc: Peter Durney de Cornell & Gollub; y John Renzulli del bufete de abogados Renzulli
- Para Smith & Wesson Brands Inc: Noel Francisco y Andrew Lelling de Jones Day
- Para Barrett Firearms Manufacturing Inc: James Campbell de Campbell Conroy & O’Neil; y James Porter de Porter, Porter & Hassinger
- Para Beretta USA Corp: John McDonald de Cozen O’Connor
- Para Colt’s Manufacturing Company: John O’Neill de Sugarman, Rogers, Barshak & Cohen; y Michael Rice de Harrison Law
- Para Sturm, Ruger & Co Inc: Jonathan Handler de Day Pitney y James Vogts de Swanson, Martin & Bell
- Para Century International Arms Inc: Joseph Yannetti de Morrison Mahoney y Anthony Pisciotti de Pisciotti Lallis Erdreich
Con información de Reuters
