La organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) advirtió este viernes que la reanudación de desalojos en todo el país dejará en situación vulnerable a millones de personas en el corto plazo.
“Durante los próximos dos meses, 3.5 millones de personas en todo el país se enfrentarán a la amenaza de desalojo. Todos los niveles de gobierno ahora deben tomar medidas inmediatas para proteger a los inquilinos más vulnerables y garantizar que todos tengan una vivienda segura y estable durante la pandemia y más allá”, señaló Ian Thompson, principal defensor legislativo de la ACLU.
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Thompson destacó la importancia de mantener esta moratoria de desalojos en un periodo tan importante como una emergencia sanitaria causada por el repunte de la Covid-19 en Estados Unidos, debido principalmente a la presencia de la variante Delta del virus que causa esta enfermedad.
El activista sugirió que el Congreso de Estados Unidos apruebe una legislación para garantizar que exista una moratoria federal sobre los desalojos. También instó a los gobiernos estatales y las locales del país a trabajar para crear o extender moratorias de desalojo.
Algunas de esas medidas, añadió, es ofrecer a las personas desalojadas el derecho a un abogado que los defienda, así como brindar protecciones contra las políticas de selección que rechazan a los solicitantes basados en presentaciones anteriores de desalojos.
“Necesitamos esta acción significativa para detener los desalojos masivos que generan devastadoras disparidades raciales y de género durante la pandemia y más allá”, opinó Ian Thompson.
Ayer, la Corte Suprema avaló, por mayoría, la reanudación de los desalojos en todo Estados Unidos, lo que impide que el gobierno de Joe Biden aplique una moratoria temporal debido a la pandemia de coronavirus.
La Corte determinó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que volvieron a imponer la moratoria el 3 de agosto, carecían de autoridad para hacerlo al no tener una autorización explícita del Congreso. Los jueces rechazaron los argumentos del gobierno de Biden.
En un principio, el gobierno permitió que la moratoria de desalojo caducara el 31 de julio, diciendo que no tenía autoridad legal para extenderla.
A principios de agosto, los CDC emitieron una nueva moratoria cuando aumentaba la presión de los legisladores y otros para ayudar a los inquilinos vulnerables a permanecer en sus hogares a medida que aumentan los contagios en el país. Esta moratoria estaba programada para expirar el 3 de octubre.
