Pandemia limitó el acceso a la justicia de migrantes y otros grupos vulnerables en México, revela estudio

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Foto: Cuartoscuro

La pandemia por Covid-19 limitó el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad como migrantes y personas privadas de su libertad, así lo reveló el estudio “El acceso a la justicia en México durante la pandemia por Covid-19”, presentado este viernes.

El informe, elaborado por varias organizaciones como Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicanos, Derechos Humanos Integrales en Acción, entre otras, señala que pese a que “algunos desafíos y obstáculos en torno a la función judicial han estado presentes desde mucho antes de la pandemia, varios de ellos se agravaron o cobraron notoriedad”.

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“Sin desconocer que algunas de estas restricciones eran inevitables, en determinados casos las mismas implicaron una suspensión de los derechos, en contravención a estándares internacionales, afectando en mayor medida a grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas migrantes, solicitantes de asilo, privadas de su libertad o los trabajadores de salud”, se destacó en el documento. 

Las organizaciones criticaron el modelo que se implementó en el Poder Judicial de la Federación para atender a la ciudadanía durante la suspensión de actividades jurisdiccionales en los juzgados y tribunales durante la pandemia, al asegurar que “la decisión sobre si un caso era urgente o no, quedó al arbitrio de las y los juzgadores, lo cual generó que en casos de la misma naturaleza, se tomaran decisiones diferentes”.

En ese sentido, consideraron que “hubiera sido deseable la definición de lineamientos más uniformes a fin de que el acceso a la justicia y a un recurso efectivo se desarrollara con mayor seguridad jurídica“.

“Se pudo haber implementado un esquema de priorización de asuntos, pero las medidas adoptadas llevaron, en muchos casos, a una suspensión de derechos sin declaración formal, a pesar de que de acuerdo con estándares internacionales, los recursos indispensables para proteger derechos humanos, como lo es el juicio de amparo, no son susceptibles de suspensión. Los asuntos que quedaron fuera de la protección judicial fueron, en ocasiones, de una importancia considerable, como los derechos de las víctimas a obtener medidas de asistencia y reparación”, plantearon.

Otro de los problemas que identificó el estudio fue referente a los “juicios en línea”, ante la poca capacitación del personal del Poder Judicial y la escasa adaptación de los litigantes para recurrir a la vía digital, a lo que se sumó la falta de acceso a internet de los solicitantes, lo cual impidió que ésta estrategia se pudiera desplegar a cabalidad y “cualquier persona sin la posibilidad de acceder a ciertos recursos tecnológicos permaneció con sus derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo suspendidos”.

Los autores del estudio recordaron que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), únicamente el 52.1% del total de los hogares cuenta con internet y el 37.6% con computadora, laptop o tableta.

“Entre marzo de 2020 y febrero de 2021, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea representaron el 10.3% y las promociones desahogadas por esta vía alcanzaron un 9.47%. Si bien se trata de un incremento considerable, sigue siendo un número muy bajo, lo que se puede deber a las deficiencias expresadas, a la brecha digital y a la falta de confianza, conocimiento y entendimiento de las personas usuarias”, aseguró.

Por ello, el informe señaló la necesidad de que el Poder Judicial mejore su comunicación con la ciudadanía, al destacar que procesos jurisdiccionales, sobre todo los relacionados con los derechos humanos como es el juicio de amparo, sean simples y accesibles.

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Además, sugirió facilitar manuales y videotutoriales del Portal de Servicios en Línea, a fin ayudar a la ciudadanía, principalmente a las personas en situación de vulnerabilidad a usar las herramientas y con ello acceder a la justicia.

“Los acuerdos del Consejo de la Judicatura constituyen una regulación confusa y de difícil asimilación, aun para las y los practicantes del derecho. Sin desconocer la existencia de manuales y videotutoriales a fin de facilitar el conocimiento del Portal de Servicios en Línea, es importante reconocer que es indispensable mejorar la pedagogía con la que el Poder Judicial se ha dirigido a la población”, puntualizó.

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