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Justicia en México tiene deuda con menores víctimas de abuso por funcionarios públicos, señala Red por los Derechos de la Infancia

Red por los Derechos de la Infancia señala deuda con menores víctimas de delitos por funcionarios
Foto: Cuartoscuro.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señaló la “enorme deuda” que el sistema de justicia mexicano y las autoridades responsables tienen con las víctimas de delitos de pederastia, trata de personas y abuso sexual cometidas por funcionarios públicos, como en el caso denunciado por la periodista Lydia Cacho y los hechos que se imputan sobre el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona.

Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red expresó en un comunicado su enérgico rechazo por la falta de búsqueda de la verdad y reparación del daño a niños, niñas y adolescentes.

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“Lamentamos profundamente que en ambos casos la impunidad sea la norma que impere en perjuicio de niñas y niños víctimas, a quienes se les debe creer y garantizar acceso a la justicia como sujetos plenos de derecho”, aseguró Redim.

Llamó al Estado mexicano y a sus autoridades a garantizar el principio del interés superior de la niñez y a dejar de proteger a quienes han perpetrado delitos que la lesionan.

Señaló que la evidencia más palpable de la impunidad en estos delitos se ejemplificó esta semana con decisiones que protegen a los agresores mientras se vulneran los derechos de la infancia y las personas defensoras de derechos humanos.

El martes Lydia Cacho informó que el Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo otorgó un amparo al Kamel Nacif Borge por su probable participación en el delito de tortura contra la periodista, mismo que dejo sin efecto la orden de aprehensión girada por un Juez en contra del empresario libanés.

La periodista fue víctima de tortura en 2005 por denunciar una red de pederastia, trata de personas y lavado de dinero, recordó Redim. Esta trama, que incluyó al exgobernador de Puebla, Mario Marín, y al empresario Kamel Nacif “es uno de los más burdos ejemplos” de la impunidad, destacó.

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Sobre el caso del diputado Huerta Corona, la Red por la Infancia se refirió al aplazamiento de su desafuero para llevar un proceso penal sobre la acusación en su contra de abuso sexual contra un adolescente, de 15 años de edad, ocurrido en un hotel de la Ciudad de México.

“Pareciera ser un patrón sistemático de conducta cometido contra otros niños hombres, tal como se ha denunciado en medios de comunicación”, refirió la Red.

En este caso, se ha querido vincular con otro desafuero, pese a que las causas de origen delictivo son absolutamente distintas, puntualizó.

Este mismo jueves la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó todas las reservas con las que se pretendía sumar al periodo extraordinario de sesiones el debate sobre el desafuero de los diputados Saúl Huerta Mauricio Toledo.

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