EFE.- El gobierno de Estados Unidos presentó este viernes una demanda contra el estado de Texas por una polémica orden emitida el miércoles por el gobernador republicano de ese estado, Greg Abbott, que prohíbe transportar a migrantes que hayan cruzado la frontera de manera irregular.
La querella, presentada ante la Corte del Distrito Occidental de Texas, con sede en El Paso, sostiene que la decisión del gobernador “interfiere” con las obligaciones del gobierno y “obstruye” sus acuerdos con otras organizaciones.
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Por tanto, pide al juez que declare la orden inválida y que impida su ejecución con carácter inmediato.
El decreto firmado por Abbott insta a los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas a detener e inspeccionar cualquier vehículo en el cual sospechen que se está transportando a migrantes en situación irregular, y los autoriza a incautar aquellos vehículos que lo estén haciendo.
Antes de presentar la demanda, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ya advirtió a Abbott en una carta que la orden ejecutiva “viola la ley federal en numerosos aspectos, y Texas no puede hacer cumplir legalmente la orden a ningún funcionario federal o partes privadas que trabajen para Estados Unidos“.
Por su parte, Abbott defendió que su orden a las agencias policiales de Texas tiene el propósito de impedir el transporte privado de migrantes en situación irregular que, según el gobernador, presentan un riesgo a la salud pública, ya que pueden ser portadores del coronavirus.
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En la última semana, las hospitalizaciones por la Covid-19 en Texas han aumentado casi un 40%. La querella de Garland es el último episodio de la batalla abierta entre Texas y la Administración del presidente Joe Biden por la inmigración.
Semanas atrás, Abbott anunció que Texas continuaría con la construcción de un muro en la frontera con México, una idea del expresidente Donald Trump (2017-2021), que inició esa obra para detener la migración ilegal.
Asimismo, Abbott amenazó con suspender las licencias estatales de entidades en Texas que, bajo contrato con el gobierno federal, se usen para albergar a los niños migrantes que llegan a la frontera sin compañía.
