Las comisiones unidas de Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron este viernes prorrogar por un mes la entrada en vigor de las reformas relacionadas con la subcontratación laboral o outsourcing.
El dictamen fue avalado por 45 votos a favor, en conjunto con ambas comisiones, y turnado a la Mesa Directiva de San Lázaro para ser discutido y votado en el pleno.
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Con esta extensión se busca extender hasta el 1 de septiembre la aplicación de estos nuevos lineamientos, ya que se tenía establecido el 1 de agosto como fecha límite.
Los legisladores de la Comisión de Hacienda propusieron extender la prórroga hasta enero de 2022 más para poder cumplir a cabalidad las nuevas reglamentaciones sobre el outsourcing, pero se rechazó la reserva.
El jueves, a Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó convocar a un periodo extraordinario para debatir la ampliación del plazo para implementar las reformas para regularizar el outsourcing y las ratificaciones de Rogelio Ramírez de la O, al frente de la Secretaría de Hacienda y Roberto Salcedo como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública.
Por mayoría, se rechazaron las reservas para incluir la discusión en la Cámara de Diputados del desafuero de Mauricio Toledo, diputado acusado de enriquecimiento ilícito, y de Saúl Huerta, investigado por abusar sexualmente de un menor.
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Los artículos transitorios de la reforma sobre la subcontratación laboral establecen el 1 de agosto como fecha límite para la entrada en vigor de los cambios aprobados al Código Fiscal de la Federación sobre la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al Valor Agregado y otras normativas relacionadas al outsourcing.
Dada la proximidad de las fechas, cámaras empresariales e, incluso, dependencias de gobierno solicitaron una prórroga para la puesta en marcha de los nuevos lineamientos sobre el outsourcing en México.
La semana pasada, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que se debían reajustar los artículos transitorios de la reforma al outsourcing porque con los lineamientos actuales se deja en el limbo a 3.1 millones de trabajadores que están bajo ese esquema laboral.
