La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este jueves convocar a un periodo extraordinario para debatir la ampliación del plazo para implementar las reformas para regularizar el outsourcing y las ratificaciones de Rogelio Ramírez de la O, al frente de la Secretaría de Hacienda y Roberto Salcedo como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública.
El dictamen para convocar a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a un periodo extraordinario fue avalado en lo general por 29 votos a favor y cinco en contra.
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Legisladores de Morena y del PAN presentaron reservas para incluir la discusión en la Cámara de Diputados del desafuero de Mauricio Toledo, diputado acusado de enriquecimiento ilícito, y de Saúl Huerta, investigado por abusar sexualmente de un menor.
En el tema del outsourcing los legisladores deberán debatir en el periodo extraordinario si se prorroga por un mes la entrada en vigor de dicha reforma, es decir, hasta el próximo 1 de septiembre.
Los artículos transitorios de la reforma sobre la subcontratación laboral establecen el 1 de agosto como fecha límite para la entrada en vigor de los cambios aprobados al Código Fiscal de la Federación sobre la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al Valor Agregado y otras normativas relacionadas al outsourcing.
Dada la proximidad de las fechas, cámaras empresariales e, incluso, dependencias de gobierno habían solicitado una prórroga para la puesta en marcha de los nuevos lineamientos sobre el outsourcing en México.
La legisladora de Morena, Laura Imelda Pérez, aseguró que si bien respaldaba la apertura de un periodo extraordinario, insistiría para que la Comisión Permanente incluya en la discusión el desafuero de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta.
“No quitaremos el renglón en cuanto al desafuero de los diputados y lo correspondiente al fiscal de Morelos, estamos convencidos en que la impunidad es una práctica de los gobiernos anteriores”, indicó en tribuna.
Ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó a los legisladores a realizar este periodo extraordinario para poder extender la implementación de la reforma y “estar en condiciones de cumplir cabalmente con las nuevas disposiciones establecidas por la Ley”.
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La semana pasada, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que se debían reajustar los artículos transitorios de la reforma al outsourcing porque con los lineamientos actuales se deja en el limbo a 3.1 millones de trabajadores que están bajo ese esquema laboral.
“Esta podría ser la población trabajadora que aún está vinculada a empresas a las cuales brindan servicios y que no han logrado concluir la sustitución patronal o el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)”, señaló la Coparmex en un comunicado.
