La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una sexta denuncia contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, la empresa Odebrecht y algunas de sus filiales, por presuntamente haber desviado recursos que se habrían utilizado para favorecer a servidores públicos y financiar campañas políticas.
En un comunicado, el organismo de la Secretaría de Hacienda expuso que identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex por medio de contratos a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero, en el que se utilizaron al menos tres niveles de triangulación de recursos.
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En el primer grupo de operaciones, según la UIF, las empresas fueron las receptoras de los recursos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada por medio de vínculos corporativos, financieros y/o comercial, entre las que destaca una filial de Odebrecht.
De acuerdo con las indagatorias, durante la administración de Emilio Lozoya, Pemex registró de 2014 al 2016, transferencias por más de 3 mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal. Sin embargo, la UIF detalló que dichos servicios no fueron realizados, “por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las operaciones”.
Las compañías involucradas en recibir los recursos se encargaron de moverlos mediante un esquema de triangulación de recursos para “posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada”.
La UIF detalló que, con la creación de este tipo de compañías, se habrían encargado de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo elecciones, como en Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México, esta última ciudad pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio Lozoya.
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Emilio Lozoya también está acusado de haber participado en la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, que se habría adquirido tras recibir una serie de sobornos.
El exdirector de Pemex, que fue extraditado de España a México en julio de 2020 a solicitud de la FGR, se apegó al criterio de oportunidad establecido en el artículo 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que es testigo colaborador en ambos casos.
