Los miembros del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins y de la Fundación Universidad de las Américas Puebla (FUDLAP) presentaron una notificación de intención de reclamación, ante la Secretaría de Economía, porque México no cumplió las normas establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora reemplazado por el T-MEC.
Las instituciones buscan recuperar los daños económicos que resulten de la investigación penal abierta por el gobierno de Puebla, que calificaron de ilícita, así como de las órdenes de aprehensión y los intentos de destituirles.
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Los patronatos denunciaron este viernes que ocurrió un intento de confiscar los activos pertenecientes a la FUDLAP, además de la toma de las instalaciones de la Universidad.
Calificaron la irrupción, ocurrida el 29 de junio, como un acto “cuyo transparente objetivo es la usurpación de la Fundación y sus activos”.
“Los patronos están obligados a proteger la Fundación y sus activos; a la Universidad, sus estudiantes y su cuerpo académico; y el legado de la filantropía iniciado hace tiempo por el fundador de la Fundación: William Oscar Jenkins”, plantearon en un comunicado.
Los miembros de los patronatos de las fundaciones indicaron que”buscarán recuperar los daños que hasta ahora hayan ocurrido, y algunos futuros, por el incumplimiento del gobierno mexicano de las obligaciones planteadas por el TLCAN.
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Informaron que la denuncia se presentó ante las direcciones generales de Inversión Extranjera y de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, de la Secretaría de Economía.
El 29 de junio, usuarios de redes sociales denunciaron que la UDLAP fue tomada por elementos de seguridad del estado, luego de que el “patronato legalmente constituido de la Universidad” informó que un juez ordenó entregar las instalaciones a fin de iniciar una auditoría legal, fiscal y contable de la administración de dicha institución.
El patronato de la Fundación Mary Street Jenkins acusó que la toma de la Universidad fue un “acto ilegal” y que la “violación” a la suspensión federal constituye “un fraude a la ley”.
