Rodrigo Gurza, abogado del nuevo patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), informó que fueron presentadas tres denuncias en contra del rector Luis Ernesto Derbez y otras personas administrativas por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, fraude y robo.
La denuncia por robo se realizó ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Fiscalía General de la República, al acusar la sustracción ilegal de documentos y equipo de cómputo por órdenes del rector.
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También se le denunció por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Por el delito de asociación fraudulenta se denunció a Derbez ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. El abogado aseguró que el rector y un “círculo cercano” crearon al menos cinco empresas que desviaban recursos de la universidad.
En conferencia de prensa, Gurza vinculó con las denuncias a quienes fueran vicerrectores de la UDLAP, Mónica Ruiz Herrera y Mario Vallejo Pérez; a los abogados de la Fundación Jenkins, Virgilio Salas Rincón y Alejandro González Muñoz, además de la familia Jenkins.
Tras seis días de la toma de la UDLAP por elementos de seguridad de la entidad, la Secretaría de Educación estatal se reunió el lunes con el patronato universitario con miras a intervenir en el conflicto.
En la reunión los “integrantes del patronato” expresaron su intención para garantizar que las actividades académicas de la UDLAP continúen su desarrollo, “preservando los derechos de los estudiantes y trabajadores”, explicó la dependencia.
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Estudiantes de la UDLAP ya se manifestaron para exigir que los elementos armados de seguridad pública liberen el plantel y se mantenga el actual patronato encabezado por Luis Ernesto Derbez Bautista.
Sin embargo, el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, acusó que tanto el Consorcio como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), están usando a la comunidad universitaria para “fines de defensa de interés”.
El 29 de junio, usuarios de redes sociales denunciaron que la UDLAP fue tomada por elementos de seguridad del estado, luego de que el “patronato legalmente constituido de la Universidad” informó que un juez ordenó entregar las instalaciones a fin de iniciar una auditoría legal, fiscal y contable de la administración de dicha institución.
El patronato de la Fundación Mary Street Jenkins acusó que la toma de la Universidad fue un “acto ilegal” y que la “violación” a la suspensión federal constituye “un fraude a la ley”.
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