El Consorcio Universitario condenó este jueves la situación por la que atraviesa la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), la cual fue tomada por elementos de seguridad de la entidad.
La agrupación universitaria afirmó que se debe de evitar cualquier acción que “atente de manera directa” contra el ejercicio del derecho a la educación superior, así como contra la certidumbre de la comunidad de estudiantes y docentes.
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“Estamos a favor de propiciar un auténtico diálogo de derecho, en donde se respete la legalidad, y con ello la dignidad de las personas que conforman las comunidades educativas en puebla”, indicó en un comunicado.
También reconoció la “importante trayectoria y la destacada contribución que (la UDLAP) ha tenido con la educación de calidad en el país”, por lo que expresó su solidaridad con ellos.
Sin embargo, el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, acusó que tanto el Consorcio como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), están usando a la comunidad universitaria para “fines de defensa de interés”.
Barbosa pidió a dichas organizaciones que permitan que el estado de derechos “se aplique por autoridades” y añadió que “no aspiren a influir con desplegados porque se consideran grupos de privilegio”.
“El estado de derecho no distingue a los grupos de privilegio. En un estado de derecho solamente se aplica la ley, ¿De acuerdo CCE?, ¿De acuerdo Coparmex?, ¿De acuerdo Consorcio (Universitario)?”, subrayó el mandatario.
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El gobernador también señaló que respecto al caso se seguirá sumando información a la disputa, pero aseguró que al gobierno estatal “no nos toca saber de ellas formalmente hasta que llega a las instancias de autoridad”.
El 29 de junio, usuarios de redes sociales denunciaron que la UDLAP había sido tomada por elementos de seguridad del estado, luego de que el “patronato legalmente constituido de la Universidad” informó que un juez ordenó entregar las instalaciones a fin de iniciar una auditoría legal, fiscal y contable de la administración de dicha institución.
El patronato de la Fundación Mary Street Jenkins acusó que la toma de la Universidad de las Américas Puebla fue un “acto ilegal” y que la “violación” a la suspensión federal constituye “un fraude a la ley”.
