La consulta ciudadana que se realizará el próximo 1 de agosto para determinar si se llevará a cabo el juicio a los expresidentes de México tendrá un costo de 500 millones de pesos, aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene un presupuesto designado para ello, aseguró este lunes el consejero de este organismo, Ciro Murayama.
En una entrevista con Grupo Fórmula, el funcionario reconoció que, para cubrir el costo de esta consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrán que tomar dinero de otras rubros y proyectos del INE.
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“Va a costar alrededor de 500 millones de pesos, pero no nos dieron presupuesto, entonces va a ser a partir de ahorros y cancelación de otros proyectos del INE. Nos dieron cero pesos (para realizar la consulta)”, refirió Murayama.
El consejero explicó que la consulta será muy sencilla, ya que la gente sólo acudirá a las urnas para responder “sí o “no” a la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a la leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes, antes, durante y después de sus perspectivas gestiones?”.
Anteriormente, López Obrador había propuesto que la pregunta fuera más directa y se mencionara específicamente los nombres de los expresidentes a los que se sometería a juicio, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió la redacción.
Murayama también precisó que ni los partidos políticos ni los gobiernos estatales o federal tendrán participación alguna dentro de la promoción y la ejecución de la consulta sobre juicio a expresidentes de la República.
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Para que una consulta ciudadana tenga validez jurídica y rinda efectos legales, debe participar al menos el 40% de las personas que integran el padrón electoral del país, según el INE.
Murayama aseguró que las campañas de difusión de la consulta comenzarán a partir del 15 de julio.
En semanas pasadas, el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió ante las autoridades correspondientes que no tenía presupuesto para llevar a cabo este ejercicio democrático, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó su argumento el pasado 9 de junio y avaló la consulta.
La SCJN determinó que la consulta popular se cubrirá con base en la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio de 2019 y los subsecuentes.
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El pasado seis de abril, el Consejo General del INE aprobó, por unanimidad de votos y con la advertencia de no contar con los recursos económicos suficientes, el inicio de los trabajos para realizar la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el plan de trabajo del INE se contempla la instalación de 104 mil 667 casillas, habrá mil 500 boletas por cada una de ellas, participarán 2 mil 318 supervisores y 17 mil 469 instructores asistentes.
