La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es infundada la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Congreso de la Unión, a quien acusó de no proveer los recursos suficientes para la organización de la consulta popular que se pretende realizar dentro de dos meses.
En sesión de este miércoles, la Primera Sala de la Corte reconoció la validez del decreto con el que se expidió la consulta, misma que decidirá si se debe “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.
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Al resolver la impugnación, los ministros determinaron que no existe ni constitucional ni legalmente una obligación dirigida al Congreso de la Unión para que al emitir el decreto que contiene la convocatoria a la Consulta Popular, establezca o determine los recursos económicos con los que el INE deberá llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular.
La Sala declaró inexistente la omisión reclamada por el INE y por tanto infundados los conceptos de invalidez planteados.
La SCJN Precisó que conforme un artículo transitorio del decreto, las atribuciones conferidas al INE en materia de consultas populares, se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio de 2019 y los subsecuentes.
El pasado seis de abril, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad de votos, y con la advertencia de no contar con los recursos económicos suficientes, el inicio de los trabajos para realizar la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la cual tendrá un costo de mil 500 millones de pesos y que se realizará el 1 de agosto.
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En el plan de trabajo del INE se contempla la instalación de 104 mil 667 casillas, habrá mil 500 boletas por cada una de ellas, participarán 2 mil 318 supervisores y 17 mil 469 instructores asistentes.
El INE indicó que el 15 julio se realizará la convocatoria, el primero de agosto será la jornada y al día siguiente se darán los cómputos de los resultados.
La pregunta que se hará en agosto y que modificó la Suprema Corte en octubre de 2020 es la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
