Un abogado del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó este jueves que no existe ninguna investigación formal contra su cliente en Estados Unidos, como aseguró la Fiscalía General de la República (FGR) la semana pasada.
En un comunicado, J. A. “Tony” Canales indicó que, después de revisar las denuncias hechas por Alejandro Rojas Díaz Durán y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), “no he encontrado ninguna evidencia que indique violación alguna a las leyes de los Estados Unidos, como se le acusa”.
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El pasado 10 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el gobierno de Estados Unidos envió a México información sobre presuntas operaciones financieras ilícitas cometidas por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su familia.
“Por ser nuevas probanzas que las autoridades de procuración de justicia mexicanas acaban de recibir, se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente”, mencionó la FGR a través de un comunicado sin dar más detalles.
La defensa del gobernador de Tamaulipas también expuso que verificó personalmente ante los Tribunales de Justicia en Texas, las Cortes Federales, el Departamento de Justicia y otras agencias y no se encontró “ningún procedimiento penal pendiente en contra de Francisco García Cabeza de Vaca“.
El abogado “Tony” Canales reiteró que García Cabeza de Vaca no tiene cuentas bancarias en Estados Unidos ni posee bienes inmuebles en ese país.
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“Afirmamos que la evidencia mencionada no existe y se probará que la UIF, representada por Santiago Nieto, está haciendo mal uso y falsificando información con fines políticos”, acusó.
El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de la FGR de desaforar a García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.
El gobernador tamaulipeco ha rechazado los señalamientos y ha denunciado una “persecución política en su contra”.
Francisco García Cabeza de Vaca también figura en la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, contra legisladores del PAN, a quienes acusó de recibir sobornos de Odebrecht en 2013 para aprobar la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
