AP.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, adelantó el lunes que su gobierno “va a cumplir el mandato de la población que en las elecciones más recientes le dio el control del congreso a su partido Nuevas Ideas”, lo que le permite hacer cambios removiendo a funcionarios con los que el mandatario ha tenido marcadas diferencias.
El nuevo legislativo también podría buscar la destitución de los magistrados de la Corte de Cuentas y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, cuya elección estuvo marcada por señalamientos y enfrentamientos entre los diputados por tener expedientes de investigación abiertos en el sistema judicial y por ser aportadores del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), opositor a Bukele.
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Al respecto, en su cuenta de Twitter, Bukele anunció que “el pueblo no nos mandó a negociar. Se van todos”.
Después de ser destituidos el pasado sábado por la nueva Asamblea, tres magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y el fiscal general presentaron sus renuncias irrevocables, lo que deja libre el camino a los nuevos funcionarios que recién comenzaron su cargo.
El abogado José Óscar Armando Pineda Navas, en su calidad de magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional, presentó a la Asamblea Legislativa una carta en la que expresa su decisión de renunciar al cargo, aduciendo razones personales y familiares.
Poco antes de las renuncias, los cinco magistrados de Sala de lo Constitucional habían suscrito una resolución que declara inconstitucional la destitución.
El 1 de mayo, después de instalarse, los diputados convocaron a la primera sesión plenaria y como puntos únicos a discusión promovieron la destitución inmediata de los cinco magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como la remoción del Fiscal General. La misma noche eligieron y juramentaron a los sucesores.
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Entretanto, a nivel local e internacional continúan las expresiones de preocupación o rechazo por la decisión del nuevo congreso salvadoreño, dominado por la bancada del partido Nuevas Ideas de Bukele.
Tanto la ONU como la OEA y organizaciones defensoras de los derechos humanos locales e internacionales han criticado fuertemente la decisión de la nueva Asamblea Legislativa porque aseguran atenta contra la democracia.
