EFE.- Diversas organizaciones civiles advirtieron de una posible crisis económica en El Salvador tras la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Fiscal General.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, destituyó el sábado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema por supuestamente cometer “fraude a la Constitución” y de ejercer funciones propias del Ejecutivo en sus fallos sobre el manejo de la pandemia.
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Esta decisión -la primera del nuevo Congreso, que tomó posesión el sábado- ha sido duramente criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos que la han calificado de inconstitucional y que ven amenazado el Estado de derecho.
El economista Ricardo Castaneda, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo en una conferencia de prensa que “muchas veces se piensa que los aspectos democráticos están separados de los aspectos económicos pero no es así, tarde o temprano una crisis democrática se traduce en una crisis económica“.
Señaló que lo que acontece en El Salvador “puede provocar, por ejemplo, un aumento en el precio de los bienes y servicios -es decir un aumento de la inflación-, un aumento del desempleo que a su vez se traduce en un aumento de la deuda y también en un aumento de la pobreza y la desigualdad”.
Castaneda apuntó que, este día, los precios en los bonos en los mercados internacionales “han tenido una caída muy grande en el caso de El Salvador, lo que es el primer impacto que uno puede observar”.
“Los inversionistas extranjeros están viendo con preocupación lo que está pasando en el país, porque al final cuando hay un rompimiento del Estado de derecho se están rompiendo las reglas del juego”, señaló.
Indicó que esta situación también podría afectar en las negociaciones que El Salvador sostiene con organismos internacionales para préstamos, como por ejemplo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al que se ha solicitado un acuerdo económico por hasta mil 400 millones de dólares.
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“Las negociaciones se van a dificultar por lo que está sucediendo en el país (…) es fundamental que la ciudadanía sepa que lo que está pasando actualmente con la Sala de lo Constitucional y con la Fiscalía tarde o temprano -quizá más temprano que tarde- va a tener un impacto directo en el bolsillo de los y las salvadoreñas”, advirtió el economista.
Las organizaciones señalaron en un comunicado que no reconocen a los nuevos magistrados y pidieron que se cumpla la sentencia de inconstitucionalidad -emitida el sábado- en la que se declara que la medida “viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista” establecido en el artículo 85 de la Constitución.
