Por Enrique Pons Franco
Hace unos meses, escribí sobre la posibilidad de eliminación del del régimen legal de subcontratación laboral, conocido como outsourcing. Durante la semana fue divulgado un acuerdo entre el sector patronal, el sector laboral y el gobierno federal para efectos de establecer severas limitaciones a la subcontratación, y de eso te cuento hoy.
Desde el 2016, el gobierno federal consideró al outsourcing como una práctica relacionada con la conocida “Ley anti lavado de dinero”, pues se estimó que al llevar a cabo la administración y manejo de recursos del patrón, por conducto de un tercero, para la realización de servicios, se ubicaba en los supuestos que marca la ley como actividades vulnerables.
En algo tiene razón el gobierno federal respecto de tratar de contener el outsourcing. Esquemas como este, prosperaron en todo el mundo a partir de los 90’s, derivado de la especialización que las empresas fueron teniendo producto de los mercados globales. Quienes nos dedicamos al ejercicio de una actividad profesional, lucrativa o empresarial, sabemos que una organización no puede ser altamente competitiva en todos los aspectos. Una opción es contratar con terceros, partes de las actividades secundarias, y centralizar el esfuerzo en las principales.
Como sucede con cualquier otra figura jurídica, y en este caso, la subcontratación laboral, ha tenido consecuencias negativas para todos los involucrados. Comenzó a abusarse de ella, mediante esquemas burdos de “empresas de outsourcing” al realizar fraudes a las leyes laborales y a las leyes fiscales. Esto perjudicó no solamente a los trabajadores al restarle derechos y prestaciones, sino también a las finanzas públicas de México. Allí, el gobierno tiene un punto a su favor.
Otro elemento que puede tener a su favor la propuesta de eliminación de este modelo, es que el capítulo 23 (laboral) del recién aprobado tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC), obliga a los países integrantes a “la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación”. Si los legisladores hacen bien su trabajo, y sustentan debidamente que el outsourcing genera esas condiciones, provocarán más condiciones para defenderse en los tribunales, lugar donde seguramente terminará esta situación.
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Cuando los legisladores analicen y discutan la eliminación de este modelo de subcontratación, deberán considerar que según las últimas cifras disponibles del INEGI, entre los años 2014 a 2019 la tasa de crecimiento del outsourcing fue de 5.5%, lo que significa que pasaron de 3.6 millones a 4.6 millones de trabajadores, un millón de nuevos empleados. Lo que hoy nos lleva a preguntarnos si es el momento adecuado para eliminarlo, dado que México y el mundo, no vive el mejor momento económico derivado de los efectos y consecuencias de la Covid-19.
Hasta donde se sabe, quedará abierta en la Ley Federal del Trabajo, la limitada posibilidad de realizar subcontrataciones, siempre que se trate de trabajos u obras altamente especializados que no formen parte del objeto social, ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, y además, cuando el subcontratista se encuentre registrado en un padrón que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
De la mano con lo anterior, y dado que es casi un hecho que se eliminará la subcontratación laboral en México, con la firme finalidad que los patrones no les regateen a los trabajadores los derechos humanos que les corresponden, el legislador debería aprovechar a incentivar mediante el sistema fiscal este cambio. He aquí una propuesta que ojalá llegue a los ojos de quienes tomarán estas decisiones. En todos los estados de la República existe un impuesto denominado “Impuesto sobre Nóminas”, una contribución nacida en los 80’s y cuya -a mi juicio- absurda finalidad en gravar las erogaciones que realicen los patrones por el pago de la nómina.
Así de absurdo, todos los estados en México castigan la creación de fuentes de empleo, bajo el argumento que “hay una fuente de riqueza gravable” que se pone de relieve al pagar sueldos. Por supuesto, hay un elemento de riqueza, pero lo que no se detienen a ver es que esa riqueza, atomizada, llega a manos de los empleados, los que, a su vez, también pagan impuesto sobre la renta.
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El caso es que, dado que todos los empleados van a estar ahora efectiva y realmente en la nómina de los patrones beneficiaros, y con el ánimo de no “penalizar fiscalmente” el incremento de las nóminas mediante los impuestos estatales, es el mejor momento para desaparecer esa contribución. La sustitución de esa fuente de tributación deberán encontrarla los estados en otro lado (por ejemplo, gravando la distribución del Cannabis), pero no castigando la creación de empleos.
Mientras llega el texto oficial con las reformas que apruebe al Congreso de la Unión, te espero en Twitter como @enrique_pons y en Facebook como Enrique Pons Franco. Nos leemos la próxima.
PD. Si vives por el sur de México, o eres originario de Tabasco y quieres estar al tanto cada mañana del acontecer de nuestra patria chica, aprovecho esta ocasión para recomendarte que no te pierdas cada mañana Notitrece (N13) con Gerardo Lopezconde.
