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AP. – La principal agencia de inmigración de Estados Unidos ha sufrido una reestructuración radical bajo el gobierno de Donald Trump, recibiendo aplausos de quienes dicen que las restricciones eran necesarias, y críticas de quienes las consideran excesivas y xenófobas.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), creado como parte del Departamento de Seguridad Nacional en el 2003, ahora enfatiza las medidas contra el fraude, la expulsión de inmigrantes sin permiso y la revisión de los antecedentes de todo el que quiera entrar en territorio estadounidense.
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Activistas, abogados y trabajadores tildan las medidas de excesivas. Bajo la presidencia de Trump, es más difícil conseguir asilo en Estados Unidos o incluso la residencia permanente.
Ahora, para un inmigrante, el tiempo de procesamiento es más largo, y la cantidad de casos atrasados de la USCIS asciende a 5 millones. Las restricciones han tenido consecuencias económicas para la entidad, pues su presupuesto de 5 mil millones de dólares anuales depende de las matrículas pagadas por los inmigrantes, que ahora han disminuido estrepitosamente. Este año, la entidad estuvo cerca de despedir a 70% de sus aproximadamente 20 mil empleados.
La administración Trump ha tratado de limitar incluso la inmigración ilegal, lo cual ha encantado a los militantes que corean su consigna de “Estados Unidos primero”, aunque ha enfurecido a quienes consideran las restricciones nativistas, xenófobas y racistas.
La AP ha estado examinando las políticas migratorias del gobierno de Trump, como las restricciones al ingreso de estudiantes extranjeros, el abandono de las políticas humanitarias para extranjeros en peligro, el virtual cierre del sistema de asilo y la aversión a todo tipo de inmigración, incluso la legal.
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El Congreso rechazó el intento de Trump de anular normas que permiten a inmigrantes traer a sus familiares, pero uno de sus asesores, Stephen Miller, ha prometido que de ser reelegido, Trump tratará de imponer un sistema “basado en méritos”.
El candidato demócrata Joe Biden tiene políticas muy distintas: preservar el sistema familiar y facilitar la naturalización de los residentes permanentes. Además ha propuesto darle la opción de obtener la ciudadanía a 11 millones de personas que se encuentran en el país sin permiso, algo que requerirá el apoyo del Congreso.
Miller expresó a la AP que el USCIS ha estado plagado de un “fraude descomunal” y que sus empleados “se consideraban defensores de la persona que buscaba los beneficios en vez de verse como defensores del pueblo estadounidense”.
“Esta administración ha realizado una reestructuración profunda de la agencia para restaurar su misión inicial de asegurar que los beneficios vayan solamente a quienes tienen derecho a ellos según la ley y que no haya daño a nuestros intereses económicos o de seguridad nacional”, indicó Miller.
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La oposición, sin embargo, señala que no hay evidencias de fraude generalizado en el USCIS. Incluso Louis D. Crocetti Jr., el primer director del departamento antifraude del USCIS y partidario de Trump, reconoce que la entidad debe hacer públicas sus investigaciones.
“De no hacerlo, ¿cómo podríamos justificar los millones de dólares que recibimos para continuar nuestras operaciones?” expresó Crocetti, quien se retiró en el 2011.
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