Por: Enrique Pons Franco
Si bien hemos abordado muchos temas en ediciones anteriores sobre el impacto del Covid-19 en nuestras vidas desde una perspectiva jurídica, ¿qué hay de su impacto en la justicia? ¿Estaba preparada para una contingencia de este calibre? La respuesta, seguro la adivinan.
Los abogados y abogadas de México que ejercemos la actividad litigiosa, desde la suspensión de los Tribunales y Juzgados en marzo, vimos una parte de nuestros ingresos mermados al tener reducido el espectro de posibilidades de trabajo. Sin embargo, durante la pandemia, el gobierno puso a trabajar sistemas electrónicos, o en su caso, reactivó los existentes para prepararnos para la tan famosa nueva normalidad. A muchos esto nos emocionó, ante la expectativa de poder retomar nuestros asuntos.
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Lamentablemente, esa solución trajo consigo otra problemática: Hablar de E-Justice (por el término con el que es conocida en inglés) o justicia electrónica en México, fue para muchos como hablar de energía atómica. Definitivamente México no estaba preparado para saltar al mundo de la tecnología jurídica a causa de una pandemia, pero si no era ahora, no habría sido nunca.
La mayoría de las universidades que imparten programas jurídicos tienen una gran deficiencia (y otras más) en sus programas de estudios al no enseñar a su alumnado a transitar hacia la justicia y la tecnología.
Por ejemplo, entre los años 2013 y 2014, este que cada domingo les escribe, fue de los primeros abogados en registrar la Firma Electrónica Certificada (FIREL) del Poder Judicial de la Federación (PJF), en Tabasco, para trámite de juicios en línea.
La verdad, fue algo que hice por curiosidad y también, para evitar tener que lidiar con las filas en los juzgados para consultar los expedientes y obtener copias de las resoluciones o acuerdos. Pero la primera vez que la utilicé, fue para presentar un juicio de amparo por medios electrónicos.
El resultado fue que el Juez que atendió el asunto se comunicó conmigo para preguntarme cómo la había presentado, pues era la primera. Me confesó que a todos en el Juzgado federal les tomó por sorpresa, porque nadie sabía en ese momento cómo operar el sistema.
Cabe mencionar que estas cosas no se le ocurren a alguien de la noche a la mañana, debió, con tiempo, proponerse, legislarse, publicarse y otorgar un tiempo a los responsables para preparar su implementación y a los litigantes a usarla (muchos colegas han tenido lógicos problemas para adaptarse). Si esto que les cuento fue en los juzgados federales, de los juzgados locales, el tema es de terror.
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También hay buenas noticias. La última reforma a la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (aquí la puedes leer), ordena que en 180 días, se pongan a disposición del público, por medios electrónicos, todas las sentencias emitidas por todos los tribunales en México. Muy buena idea, pues la sociedad podrá conocer de primera mano, las decisiones de asuntos del pasado reciente e informarnos de cómo y por qué terminaron los asuntos actuales. No estaría de más prestar atención a casos relevantes, como el de Lozoya, por estos medios.
No obstante, toca a nosotros, abogados litigantes, a los servidores públicos y a la sociedad en general, prepararnos debidamente para acceder a ella y conocerla, pues con toda seguridad, pronto será la vía más transitada.
Como siempre, quedo a tus órdenes en Twitter como @enrique_pons y en Facebook como Enrique Pons Franco. Nos leemos la próxima.
