EFE.- La Fiscalía de Estados Unidos solicitó a la corte federal en Miami a cargo del juicio de extradición contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado por desvío de dinero y delitos electorales, negar su libertad bajo fianza al considerarlo “un peligro de fuga“.
Duarte, de 57 años y detenido el pasado 8 de julio en Miami, “no puede demostrar” que “no tenga riesgo de fuga o peligro para la comunidad”, detalló el fiscal Jason Wu, en una moción de 27 páginas a la que Efe tuvo acceso este domingo.
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“El fugitivo (…) no puede superar la fuerte presunción contra la fianza en casos de extradición internacional”, señala el fiscal.
El exgobernador, solicitado en extradición por México, tiene previsto el jueves 30 de julio la audiencia de libertad bajo fianza a través de videoconferencia con la jueza federal Lauren F. Louis. Duarte lleva detenido cerca de tres semanas en el Centro de Detención Federal de Miami.
El recurso legal de la Fiscalía señala que “es suficiente” el riesgo de fuga de Duarte o el peligro para la comunidad “para que la Corte rechace cualquier solicitud de libertad bajo fianza”.
El fiscal señaló además que el tratado de extradición entre Estados Unidos y México está “en plena vigencia”, y que los delitos por los que enfrenta extradición en Estados Unidos “están consignados” en dicho acuerdo.
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La defensa de Duarte, compuesta por los abogados Armando Rosquete Bell y Henry Philip Bell, no ha presentado por el momento la moción en la que solicite la libertad bajo fianza, según los archivos judiciales.
En la audiencia del próximo jueves, que será a través de video debido a la pandemia de Covid-19, Duarte comparecerá por segunda vez ante la jueza Louis, del Distrito Sur de Florida.
“Duarte, con la asistencia de funcionarios de su Administración y de otras (personas), malversó fondos estatales en beneficio propio y de sus asociados”, detalla la demanda en Estados Unidos.
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Autoridades mexicanas descubrieron irregularidades “significativas” en los programas de subsidios y préstamos para productores de ganado y en una supuesta compra de bienes inmuebles para el estado.
Según la demanda, desde al menos junio de 2011 hasta noviembre de 2014, Chihuahua transfirió más de 6.4 millones de dólares a dos empresas en las que “Duarte era el accionista mayoritario”
