Este lunes, un ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) suspendió de manera indefinida la Política de Continuidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, de la secretaria de Energía, Rocío Nahle.
Esto luego de admitir a trámite la controversia constitucional que interpuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la política energética de Nahle.
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La Cofece argumentó que dicha Política, emitida el pasado 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), violenta los principios de competencia y libre ocurrencia en el sector energético que ordena la Constitución.
El ministro ordenó “conceder la medida cautelar para el efecto de que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad (…) hasta en tanto se resuelva el presente asunto”.
La Secretaría de Energía tendrá 30 días para responder respecto a las demandas de la Cofece, y podrá impugnar esta suspensión ante una de las salas de la SCJN.
La Cofece acusa que el decreto de esta política es contrario al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.
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“El instrumento afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector”, detalló a través de un comunicado la Cofece.
Añadió que la política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista. Además, asegura la Cofece, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la competitividad de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica.
“Con la entrada en vigor de la Política dejan de existir los elementos básicos para que este funcione en condiciones de competencia”, dice el comunicado.
