La Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SNE), emitida por la Secretaría de Energía (Sener) violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución.
La Cofece señala que el decreto de esta política, publicado el pasado el 15 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, es contrario al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.
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“El instrumento afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector”, detalló a través de un comunicado la Cofece.
Añadió que la política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista. Además, asegura la Cofece, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la competitividad de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica.
“Con la entrada en vigor de la Política dejan de existir los elementos básicos para que este funcione en condiciones de competencia”, dice el comunicado.
Por estas razones, mediante la presentación de la controversia constitucional, la Cofece solicitó a la SCJN pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia cuando emite una disposición que afecta tan gravemente la dinámica competitiva de un mercado, en perjuicio del mandato que corresponde tutelar a la Cofece y del bienestar de los consumidores.
