¿Puede Trump usar al ejército para contener las manifestaciones en Estados Unidos?

Foto: Reuters

El toque de queda en más de 40 ciudades no ha sido suficiente para evitar que miles de personas salgan a las calles a protestar contra el racismo y la brutalidad policiaca en Estados Unidos y el presidente Donald Trump ha anunciado su intención de usar al ejército en caso de que los disturbios continúen.

Las manifestaciones se dan después de que, el 25 de mayo, un policía blanco de la ciudad de Minneapolis sometiera con la rodilla a George Floyd, un hombre afroamericano, presionando su cuello contra el piso hasta provocarle la muerte por asfixia. Floyd había sido detenido por intentar usar un billete de 20 dólares para comprar cigarros en una tienda. 

El asesinato de Floyd no fue un caso aislado

La indignación por este asesinato se suma a la provocada por la muerte de Breonna Taylor, una enfermera afroamericana asesinada por policías el 13 de marzo. Los agentes entraron por la fuerza a su casa en Kentucky a la mitad de la noche para hacer una inspección en busca de drogas que nunca fueron halladas. Sin embargo, Breonna recibió 8 disparos.

Antes de ella fue Eric Garner, un afroamericano que fue detenido y estrangulado por policías en la vía pública por supuestamente vender cigarros sueltos. Antes de Garner, Botham Jean fue asesinado mientras comía un helado en la sala de su casa; Atatiana Jefferson mientras cuidaba a su sobrino; Eric Reason mientras se estacionaba frente al mercado. Antes de ellos fueron Michael Brown, Michelle Cusseaux, Tamir Rice, Natasha McKenna, Walter Scott y los mil 225 afroamericanos que han muerto a manos de policías en los últimos 5 años.

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El número de asesinatos de personas afroamericanas a manos de policías es desproporcionado. Aunque este grupo solo representa 13% de la población de Estados Unidos, las personas que lo conforman tienen dos veces y media más riesgo de morir así. Quienes protestan en las calles piden justicia para Floyd, cárcel para los responsables y una reforma de fondo al sistema policial al que acusan de racismo.

En medio de las protestas pacíficas, se han reportado numerosos actos violentos. Manifestantes han arrojado objetos a la policía, vandalizado monumentos, invadido propiedad privada, saqueado tiendas e incendiado vehículos y edificios. Como respuesta, además del toque de queda, 23 estados y la capital del país han movilizado a la Guardia Nacional tras el sexto día consecutivo de protestas y disturbios.

El lunes por la tarde el presidente Donald Trump dijo a los gobernadores durante una conferencia telefónica que se verían como “imbéciles” si no hacían un fuerte uso de la Guardia Nacional. “Son terroristas y están buscando hacerle daño a nuestro país” dijo Trump refiriéndose a los protestantes violentos.

Momentos antes, en un discurso en los jardines de la Casa Blanca, el presidente había advertido: “Si una ciudad se rehúsa a tomar acciones que son necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces voy a desplegar el ejército de los Estados Unidos y resolver el problema por ellos”.

¿Qué dice la ley al respecto?

Existe una restricción general establecida en la ley contra el uso de las fuerzas armadas en actividades policiales o de aplicación de la ley dentro de Estados Unidos. Esta ley federal se conoce como Posse Comitatus Act.

Sin embargo, la norma tiene una excepción para aquellos casos expresamente autorizados por otra ley o por la Constitución. El presidente Trump podría entonces apelar formalmente a la Ley de Insurrección, la cual establece que cuando el presidente considere que obstrucciones ilegales, reuniones o rebeliones contra la autoridad de los Estados Unidos hagan imposible aplicar las leyes del país, entonces el mandatario puede usar las fuerzas armadas para aplicar la ley o suprimir la rebelión.

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Esta norma no suele ser invocada por los presidentes con frecuencia. Sin embargo, cuando se ha hecho, ha tenido un valor simbólico profundo. Dos casos emblemáticos en los que se utilizó fue para obligar a que se aplicaran leyes contra el racismo en los 50 y 60. En el primero de ellos, el presidente Dwight Eisenhower ordenó que elementos del ejército acompañaran a nueve adolescentes afroamericanos a una escuela “solo para blancos” en medio de protestas y contra la voluntad del gobernador de Arkansas, quien se negaba a acatar la orden de la Corte de desagregar los colegios en el estado.

En el segundo caso, el presidente John F. Kennedy envió soldados a acompañar al primer estudiante afroamericano a registrarse en la Universidad de Mississippi después de que el gobernador lo intentara impedir.

Sin embargo, aun apelando a la Ley de Insurrección, el presidente Trump tendría que justificar cómo estos grupos contravienen a alguna ley federal, lo cual no es tarea fácil ya que los actos de invasión de la propiedad privada, vandalismo y saqueo corresponden a la legislación estatal. La intención de catalogar los disturbios como “terrorismo” podría estar vinculada con la estrategia legal en este sentido, a fin de encuadrarlos en un delito de carácter federal.

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De proceder con esta medida y ganar las disputas legales frente a los gobernadores que se opongan, el presidente tendría que dar un aviso formal y público para que los manifestantes tuvieran oportunidad de dispersarse antes de la entrada de las fuerzas armadas. Adicionalmente, las acciones del Ejército tendrían que regirse por los principios internacionales del uso de la fuerza:

1) Necesidad: solo se puede usar en situaciones extraordinarias, específicamente detalladas en la ley y debe ser el último recurso, cuando ya se hayan agotado todas las otras alternativas.

2) Proporcionalidad: la respuesta de la autoridad debe ser equivalente a la amenaza o violencia del atacante y el nivel debe ir aumentando gradualmente empezando por simples amonestaciones y advertencias.

3) Deber de precaución: Las operaciones tienen que estar debidamente planeadas a fin de minimizar los daños. Está prohibido hacer acciones para provocar a los manifestantes a fin de poder después reprimirlos.

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