Un juez federal ordenó que los migrantes indocumentados detenidos en el centro de detención de Adelanto, California, puedan realizar llamadas privadas y gratuitas a sus abogados.
El magistrado federal Jesús Bernal determinó, el pasado sábado, que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deben revisar las políticas que han impuesto ante la pandemia del COVID-19.
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Los agentes en el centro “deben permitir llamadas legales gratuitas, razonablemente privadas, en líneas telefónicas no registradas y no vigiladas. Debe idear un procedimiento confiable para que los abogados y los detenidos programen esas llamadas dentro de las 24 horas de una solicitud”, determinó.
El juez dio a conocer su decisión tras una solicitud ingresada el 26 de marzo por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California.
ACLU y la Clínica de los Derechos de los Inmigrantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, así como la firma Sidley Austin, denuncian que, en dicho centro de detención, las llamadas telefónicas “son muy limitadas.”
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“Las llamadas no fueron confidenciales. Fueron tan caras que muchos detenidos no tuvieron la oportunidad de utilizarlas para consultas efectivas”, señaló ACLU.
El sistema de llamadas incluso no permitía dejar mensajes de voz o navegar en los menús grabados.
“La corte reconoció que ICE y GEO no pueden cerrar las visitas para detenidos de inmigración sin abrir otras vías de comunicación”, dijo Eva Bitrán, abogada de ACLU del Sur de California.
