El Instituto de Política de Migración (MPI, por sus siglas en inglés) informó que unas 167 mil personas podrían ser afectadas por la política de “carga pública“, que negaría la residencia permanente (green card) a ciertos inmigrantes que reciban beneficios sociales.
La política, instaurada por el gobierno de Donald Trump, comenzó a aplicarse el 24 de febrero y generó gran preocupación entre los más de 22 millones de extranjeros no nacionalizados que viven en el país.
El instituto estima que “no más de 167 mil personas” calificarían como “inelegibles” para una “green card”, en caso de que estuvieran haciendo uso de alguno de los beneficios listados en la regla de carga pública.
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“Este requisito se suma a otros ya aplicados por muchos años como el nivel de educación, el dominio del idioma inglés, las condiciones de salud, la edad, especialmente de los ancianos”, explicó Randy Capps, del MPI a la agencia EFE.
Las excepciones para ciertos casos
En el caso de personas que estén en EU con diferentes tipos de visa o permisos y tengan en marcha su trámite de residencia permanente, “esta nueva regla no se aplica si el trámite se ha iniciado antes del 24 de febrero de 2020”, indicó.
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De acuerdo con el funcionario del MPI, aunque esta regulación afecte a pocas personas, es una forma más en la que “Trump busca reorientar la inmigración legal hacia lo que ellos encuentran positivo”.
La medida entró en vigor en todo el país en tanto siguen su proceso judicial las apelaciones pendientes, y después de que el Tribunal Supremo eliminara una exclusión vigente para Illinois.
El Tribunal había dejado sin efecto fallos en contra de esta normativa en cortes de Nueva York, California, Washington y Maryland.
La norma excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal o quienes posean cierto tipo de visado.
Otras personas afectadas son los no ciudadanos que residen en 17 estados, incluidos Arizona, California, Illinois, Pennsylvania y Washington, que reciben ciertos beneficios sociales cubiertos por fondos estatales, no federales.
