- Por Pamela Subizar, corresponsal de Latinus en NY.
El 24 de febrero entrará en vigor la nueva regla de “carga pública”, con la cual el gobierno de Trump podrá negar a los extranjeros la residencia legal permanente y otros beneficios de inmigración como el visado, si comprueba que usan programas de asistencia.
Ante esta situación en Nueva York los migrantes están renunciando a prestaciones sociales y servicios públicos a los que tienen derecho, como la atención médica.
Así informó a Latinus Lorena Kourousias, directora ejecutiva de Mixteca, una organización no lucrativa con sede en Brooklyn.
“Hay personas que ya renuncian a cupones de comida, asistencia pública para vivienda, seguro médico y otros beneficios que necesitan, ante el miedo de que esto afecte a sus hijos”, explicó la líder comunitaria.
Esto los pone en desventaja y en un escenario de mayor vulnerabilidad, ante el miedo de que se les identifique como “carga pública”.
Puedes ver: Carga pública, la nueva preocupación de los migrantes
Kourousias señala que con las recientes medidas anunciadas por Trump, el temor de los migrantes se recrudeció y algunos incluso evitan recibir atención médica básica.
Tampoco se desplazan en metro por Nueva York debido a la presencia policial.
La activista señaló que esta nueva política sólo empeora la situación: “Impacta a nuestra comunidad migrante pobre. Puedes migrar, si tienes dinero. Si no, no te queremos aquí. Ése es el mensaje”.
¿Qué dicen otras organizaciones?
Al igual que Mixteca, otras organizaciones y activistas de todo el país critican duramente la nueva ley de “carga pública”.
Señalan que crea un sistema migratorio clasista, donde el migrante sin estudios y sin dinero no tendría acceso ni a la residencia permanente ni a otros visados, si reciben ciertas prestaciones sociales del gobierno.
También puedes leer: Agricultores en Los Ángeles sufren por efectos de pesticida.
La Corte Suprema de Estados Unidos cuenta con cinco magistrados conservadores frente a cuatro liberales.
La decisión de cambios a la ley de “carga pública” fue dictada por jueces federales de tres estados.
La nueva regla entrará en vigor el 24 de febrero y no afectará a trámites realizados antes del 15 de octubre de 2019.
