Un tribunal federal de apelaciones en Nueva York contradijo a otros tribunales y concluyó que el gobierno del presidente Donald Trump podrá retener millones de dólares en fondos, para obligar a varios estados a cooperar con la policía migratoria.
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En 2017 Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Washington, Massachusetts, Virginia y Rhode Island demandaron al gobierno federal luego de que el Departamento de Justicia anunció que retendría los fondos a ciertas ciudades santuario y estados. Los recursos serían liberados hasta que las localidades le concedieran a las autoridades federales acceso a las cárceles. Además, debían notificar cuando algún inmigrante sin documentos estuviera a punto de ser excarcelado.
Desde entonces las ciudades santuarios habían ganado varios fallos. Ahora, la decisión del Tribunal de Apelaciones del segundo Distrito en Manhattan contradice esas decisiones.
¿Qué pasó antes en las ciudades santuario?
Anteriormente, las ciudades y estados sólo estaban obligados a demostrar que no impedían que la policía se comunicara con las autoridades federales sobre el estatus migratorio de los presos.
El entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, declaró “Las llamadas “políticas de santuario” aumentan la inseguridad para todos porque intencionalmente debilitan nuestras leyes y protegen a los extranjeros ilegales que han cometido delitos”.
Las “ciudades santuario” son aquellas que protegen a los inmigrantes sin documentación de una posible deportación o arresto. Por lo tanto, limitan su cooperación con las leyes locales de inmigración.
El Tribunal de Apelaciones de segundo Distrito corroboró que el secretario de Justicia tiene la autoridad de imponer condiciones a los estados y municipalidades que reciben dinero federal.
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Añadió que la Corte Suprema declara que el gobierno de los Estados Unidos tiene la autoridad sobre las políticas migratorias de todos los estados.
Tribunales de apelación en Chicago, Filadelfia y San Francisco han apelado contra el gobierno federal. En los últimos años, han ratificado amparos presentados para impedir la aplicación de algunas o todas las condiciones.
El fallo reciente se refiere al subsidio de Edward Byrne Memorial, fondo creado en el 2006. A través de este, el Congreso distribuye más de 250 millones de dólares en fondos federales destinados a agencias policiales estatales y locales.
Con información de AP
