Pese a que la lucha contra la corrupción fue la bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador, los hechos demuestran que su gobierno no la ha combatido, señala un editorial del medio británico The Economist.
El texto publicado señala que el presidente López Obrador ha estado en el centro de la polémica por una investigación publicada por el medio estadounidense ProPublica en torno al presunto financiamiento de un cártel del narcotráfico a su campaña presidencial de 2006.
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A esas acusaciones se suman otras por casos de presunta corrupción que involucran a los hijos del presidente López Obrador, mismos que han sido dados a conocer por Latinus, señala el medio británico.
"Una investigación muestra que el tercer hijo de López Obrador, Gonzalo López Beltrán, dirigió una red de contratistas que vendieron materiales a sobrecosto para el Tren Maya, uno de los proyectos preferidos de su padre. En 2022 se dio a conocer que su hijo mayor, José Ramón, vivía en una casa de lujo en Houston, propiedad de un contratista de Pemex. Tanto el presidente como su familia han rechazado que haya algo ilegal en estos casos".
De acuerdo con el texto, algunas personas minimizan los señalamientos en torno al financiamiento ilegal y los presuntos hechos de corrupción, y los atribuyen a estrategias electorales. Otros, como Fernando Nieto, investigador del Colegio de México, creen que es necesario investigar a mayor profundidad esos reportes.
Más allá de los alegatos del presidente, su política contra la corrupción habla por sí misma. "Estudios muestra que 86% de los mexicanos dice que los actos de corrupción del gobierno son frecuentes. El mayor caso de desvío de recursos por parte de una institución pública, el de Segalmex, en el que funcionarios desviaron cerca de 15 mil millones de pesos, ocurrió en su gobierno".
La publicación cita a una investigadora de la UNAM, Issa Luna Plá, quien llama la atención sobre el hecho de que pese a ese caso de desvío de recursos, ha habido muy pocas quejas por corrupción y han sido mínimas las investigaciones.
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The Economist recuerda que 60% de la población tiene una opinión positiva del presidente y eso representa una ventaja para la candidata presidencial del partido oficial, Claudia Sheinbaum, pero las acusaciones de corrupción y de financiamiento del narco pueden afectarla en las elecciones.