El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió este miércoles contra el Poder Judicial luego de que ayer se ordenó que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), siga su proceso por el caso Odebrecht en libertad, y afirmó que en su gobierno están perdiendo todos los casos, porque los jueces protegen a delincuentes y corruptos.

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“Esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos delincuentes, presuntos, presuntos delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada, del crimen organizado, jueces, magistrados, ministros (…) fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron que en vez de que este en la cárcel el exdirector de Pemex lleve su juicio en su casa, sólo con un brazalete”.

“Porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape, de que se fugue, la fiscalía seguramente va a apelar si es que lo puede hacer, pero es un asunto entre la fiscalía y el Poder Judicial. Y la verdad el Poder Judicial está podrido, puede ser que haya excepciones de jueces, magistrados, me consta, de ministros que son distintos, pero son excepción, no es la regla”, señaló en su conferencia matutina.

El mandatario federal acusó que desde el Poder Judicial se ampara a empresas extranjeras para que tengan control de la Industria Eléctrica Nacional y se protegen a traficantes de influencias, corruptos, delincuentes y pseudoambientalistas.

López Obrador se refirió a la decisión de un juez de amparo que permitió que Lozoya siga su proceso judicial en prisión domiciliaria, con lo que abandonó el Reclusorio Norte, donde estuvo recluido por poco más de dos años.

Lozoya, quien dirigió la petrolera del Estado de 2012 a 2016, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, buscaba su libertad condicional con un cambio de medidas cautelares a prisión domiciliaria con un brazalete electrónico, pero la decisión se había postergado en varias ocasiones.

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Fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos procesos diferentes ante la justicia, uno por la compra a sobreprecio de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, a cambio de sobornos.

El segundo caso es por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posterior Gobierno de Peña Nieto, acusado de usar el dinero para aprobar la cuestionada reforma que abrió el sector energético a la inversión privada.