El gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, cedió la operación de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE), por lo que ahora será autónoma y dependerá de la Fiscalía General de Justicia estatal bajo el mando de Pedro Arce Jardón, responsable del despacho.
El gobernador emecista emitió un decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León ayer lunes, donde señala que la UIFE dejará de depender de la Tesorería Estatal.
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El decreto se da en respuesta a un emplazamiento de la Suprema Corte que daba como fecha limite el 14 de febrero para definir la controversia interpuesta por el Poder Legislativo de Nuevo León, que acusó al Poder Ejecutivo estatal de omitir la publicación aprobada desde junio del 2022 y de esta manera evitar que entrara en vigor.
Con este ajuste, las investigaciones de información financiera, física, patrimonial y la obtención de los recursos de personajes políticos, empresarios y ciudadanos ya no responderá a los intereses del gobernador en turno y tendrá la faculta de investigar de manera independiente.
El decreto da un plazo de 60 días naturales para que se designe un nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera y 90 días naturales más para que tanto la Fiscalía Estatal como la Tesorería modifiquen las reformas que permitan tener un reglamento interno.
Esta fiscalía especializada “es el órgano competente para investigar los hechos que presuman o presupongan en las personas un beneficio o incremento económico injustificable, que hayan participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita o que incurran en alguno de los delitos comprendidos el Código Fiscal del estado”, detalla el decreto.
El documento detalla que la UIFE es la dependencia que cuenta con la facultad para congelar cuentas o activos del sistema financiero.
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El decreto obliga a la Secretaría de Finanzas a "dotar los recursos financieros, materiales y humanos para el debido funcionamiento de la UIFE”.
La publicación de dicha legislación había sido ordenada desde finales de noviembre del año pasado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras considerar que García Sepúlveda incurrió en una omisión al no publicar el decreto que había sido previamente acordado por el Congreso de Nuevo León.
Los legisladores locales habían avalado el 15 de junio de 2022 una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
El gobierno de Nuevo León contaba con un plazo de 10 días para formular observaciones sobre la modificación y aunque la presidencia del Congreso local ordenó la publicación en el periódico oficial, esto no ocurrió.
Ante esta decisión, el Congreso de Nuevo impugnó a través de una controversia constitucional. En ella acusó que la omisión del gobierno violó la división de poderes.
Con información de Karina Garza Ochoa