Familias han promovido amparos para evitar que las víctimas sean borradas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y han detectado que al menos 120 personas fueron eliminadas del censo luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que estaban actualizando las cifras, aseguró Delia Quiroa, portavoz del Colectivo 10 de marzo A.C.
La abogada Delia Quiroa, quien busca a su hermano Roberto desaparecido desde 2014 en Reynosa, Tamaulipas, diseñó un formato para promover juicios de amparo individuales y evitar que las personas desaparecidas sean borradas del registro nacional, al argumentar que esa acción constituye una desaparición forzada.
"El presidente, en mi opinión, está cometiendo desaparición forzada porque, para mí, no tiene que ser materialmente privar a la persona de la libertad, sustraerla y negarse a dar información, se puede configurar también por desaparecer información que nos ayude a localizar a las víctimas", explicó en entrevista con Latinus.
La activista detalló que hasta el momento tiene conocimiento de al menos 70 amparos promovidos por las familias de las víctimas, en las que se han concedido suspensiones para que los desaparecidos no sean borrados del registro nacional, incluido el que promovió para su hermano Roberto.
Sin embargo, en el amparo que se promovió a favor de Juan Alejandro Polanco Pinales, desaparecido desde el 4 de noviembre de 2020 en Matamoros, Tamaulipas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas respondió que no tenían ningún registro de su caso, pese a que existe una ficha oficial para localizarlo.
"Nosotros no nos explicamos cómo es que se emite una ficha y la Comisión Nacional de Búsqueda informa que no hay un registro. Entonces lo borraron", acusó la activista.
La abogada aseguró que tiene conocimiento de al menos 120 casos de personas desaparecidas que ya no aparecen en el registro nacional y advirtió que la cifra puede ser más alta.
"Sí los están borrando, porque tú pones el nombre de tu familiar y ya no te aparecen datos (en el registro nacional)", afirmó.
En el caso de Juan Alejandro, la activista explicó que le darán seguimiento al juicio de amparo y esperan que el juez determine que hubo violaciones a derechos humanos y se ordene volver a colocar su expediente en el registro nacional.
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"Y que se repare el daño a la familia, por eso, con una disculpa pública, con acciones que hagan sentir bien a la familia, que se restablezca su dignidad", exigió.
Para la activista, López Obrador debería ir a la cárcel por alterar la información del registro nacional y consideró que el nuevo censo es un pretexto para dejar de buscar a las personas desaparecidas, así como para reducir las cifras.
"Traen un desorden, como el presidente no pudo resolver el problema de las personas desaparecidas, y no pudo porque no se pudiera hacer algo, simplemente porque nunca atendieron el asunto, lo dejaron de lado, le dieron prioridad a otras cosas como esas obras que anda haciendo", criticó.
Por otra parte, Delia Quiroa consideró que el registro nacional sí se debe actualizar, pero para mejorar y homologar la información.
"Que no se pierda ningún dato, porque no sabemos cuál nos pueda dar una línea de investigación para dar con el paradero de la persona", resaltó.
Actualmente, hay 113 mil 847 personas desaparecidas y no localizadas, según el registro de la Comisión nacional de Búsqueda.
El pasado 14 de diciembre, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, aseguró que tras una revisión localizaron al menos a 16 mil 681 personas de los 110 mil 964 casos registrados hasta agosto de este año.