La defensa del exdirector de Petróleos Mexicano (Pemex), Emilio Lozoya, afirmó este jueves que buscará que el juez otorgue el Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, lo que les permitiría obtener un plazo de 30 días para lograr un acuerdo reparatorio con Pemex y la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Agronitrogenados.
El mecanismo permitiría que, tras alcanzar el acuerdo, se solicite la extinción de la acción penal contra el funcionario, dijo el abogado de Emilio Lozoya, Miguel Ontiveros, a su llegada los tribunales del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, donde Lozoya se encuentra en prisión preventiva justificada desde el 3 noviembre de 2021.
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La audiencia de Lozoya Austin, quien es señalado del presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comenzó cerca de las 9:30 horas. En ella, el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López deberá decidir si otorga el Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias o si será enjuiciado.
La defensa del exfuncionario indicó que para alcanzar un acuerdo, que podría superar los 10 millones 700 mil dólares, la familia del exdirector de Pemex tiene listas varias propiedades de las que podría disponer y redactó varias alternativas de pagos para sugerirle a fiscalía.
Ontiveros dijo que la familia está dispuesta a pagar más de esa suma en las fechas y montos de pago que la fiscalía establezca.
De llegar a un acuerdo jurídico, Lozoya podría salir de prisión, sin embargo, de no llegar a un acuerdo, será enjuiciado. Además, seguirían adelante los procesos penales contra su madre Gilda Margarita Austin, su hermana Gilda Susana Lozoya, y su esposa Marielle Helene Eckes.
Lozoya busca el acuerdo en los dos casos en los que está implicado y por los que debe pagar cerca de 7 millones 385 mil dólares por el caso Odebrecht y 3 millones 400 mil dólares por el de Agronitrogenados.
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Lozoya enfrenta una acusación por presuntamente recibir un soborno de 3.5 millones de dólares durante la adquisición a sobreprecio de una planta fertilizantes que pertenecía a la empresa siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA).
El exfuncionario fue detenido a comienzos de 2020 en España y extraditado a México como testigo protegido de la fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero en noviembre de 2021 ingresó a prisión preventiva por riesgo de fuga tras haber sido captado cenando en un restaurante de lujo.
También está acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.