EFE.- México tiene una independencia judicial precaria y su presupuesto es su talón de Aquiles para su correcto funcionamiento, concluyeron este martes las organizaciones México ¿Cómo Vamos? (MCV), Impunidad Cero, Fundación Konrad Adenauer y la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), entre otras.
"Todos estamos conscientes del momento muy delicado para la independencia judicial que estamos viviendo, no solamente en México, sino en también en otras muchas partes del mundo”, advirtió en una conferencia la coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de MCV, Laurence Pantin.
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“Desde hace unos años, observamos una tendencia adversa y, en lugar de que se consolide la independencia judicial, detectamos estrategias para debilitarla", consideró.
El estudio “Independencia judicial, ¿dónde estamos? Un análisis subnacional” destacó que ninguno de los 32 estados mexicanos alcanza un 50% de independencia judicial, sobre la base de 51 indicadores internacionales tomados para este análisis.
Alejandra Quezada, investigadora del programa de Transparencia en la Justicia de MCV, detalló que sólo seis entidades territoriales mexicanas cumplen con el 40% de los indicadores de independencia judicial: Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Tabasco y Puebla.
En contraste, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Sinaloa y Tlaxcala fueron los estados que cumple con menos indicadores.
En este sentido, animó a los organismos judiciales de los estados y a legisladores a proponer e incluir los más altos estándares que garanticen la independencia de las instituciones encargadas de impartir justicia en México.
Entre los 51 indicadores de referencia internacional, 16 se enfocan a las garantías de la independencia institucional, 30 a las de independencia profesional y cinco a las de independencia funcional.
Entre estos, destacaron áreas de oportunidad en los mecanismos de nombramientos y destituciones de jueces y magistrados, en el combate de la corrupción, en la protección de la integridad física de quienes imparten justicia y diferencias entre remuneraciones por el mismo trabajo, entre otras.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado supuestos privilegios del Poder Judicial, como salarios altos y deficiencias en la impartición de justicia.
Pantin también aclaró que, aunque la existencia de una norma no garantiza su cumplimiento, es preferible que las garantías se incorporen en la normatividad como mínimo.
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Por otro lado, José Antonio Caballero y Juan José Garza, autores del estudio, afirmaron que estos recursos son la principal herramienta para el correcto funcionamiento de la gobernanza interior del sistema judicial.
Sostuvieron que la independencia judicial también debe garantizar el flujo estable de los recursos para financiar todas las actividades del Poder Judicial mexicano, mientras que el Congreso mexicano aprobó recientemente la reducción de más de 360 millones de dólares a lo solicitado para el año entrante.