EFE.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una orden ejecutiva que alivia los aranceles al acero del Reino Unido, impuestos en 2018 por su predecesor en el cargo Donald Trump (2017-2021).
En su proclamación, Biden explicó que su Gobierno ha concluido “exitosamente” conversaciones con Londres sobre “medios alternativos satisfactorios” respecto a los aranceles impuestos por Trump, que consideró que el acero británico suponía una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Te puede interesar: Biden asegura que evitará influir en las decisiones de la Reserva Federal como lo hicieron sus antecesores
En su orden, Trump dejaba la puerta abierta a rebajar los aranceles si se acordaba una vía alternativa que no perjudicara la seguridad nacional.
Como alternativa a esos gravámenes, Biden anunció que Estados Unidos implementará un contingente arancelario, es decir un arancel menor sobre los bienes incluidos en él, en este caso el acero británico y sus derivados.
En concreto, el contingente arancelario acordado por Washington y Londres asciende a 500 mil toneladas métricas de acero que, según Biden, “es coherente con el objetivo de alcanzar y mantener un índice suficiente de capacidad de uso en la industria del acero nacional”.
El acero que Estados Unidos importe del Reino Unido más allá de esa cantidad estará sujeto a un arancel del 25%, el mismo tipo de gravamen impuesto por Trump.
No te pierdas: Joe Biden recibe este martes en la Casa Blanca a la célebre banda de k-pop BTS
Biden precisó que estarán sujetos al nuevo arreglo los productos de acero que se fabriquen en el Reino Unido y que después sean importados desde allí por Estados Unidos, así como los que se fundan en suelo británico y luego sean terminados en la Unión Europea (UE) para ser exportados desde territorio comunitario.
Asimismo, Londres se ha comprometido a proporcionar anualmente auditorías elaboradas por una tercera parte independiente sobre los fabricantes de acero con base en el Reino Unido y que sean de propiedad china para comprobar que no hay “prácticas que distorsionen el mercado”.