Por Montserrat Peralta
Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes", y Ernesto Fonseca Carrillo ,"Don Neto", no sólo coincidieron como fundadores del Cártel de Guadalajara, también comparten la experiencia de vivir con discapacidad en un centro penitenciario.
Mientras que a Félix Gallardo le han negado la prisión domiciliaria a pesar de su edad avanzada y sus discapacidades visual, auditiva y motriz, a Fonseca Carrillo, también con dificultad visual y motriz, la autoridad judicial le otorgó un amparo en 2017 que le permitió regresar a su hogar en libertad condicional.
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No son los únicos que viven en prisión con una o varias discapacidades. De acuerdo con datos oficiales de Prevención y Readaptación Social obtenidos por Latinus vía transparencia, 426 personas con discapacidad se encuentran recluidas en los 15 centros federales de readaptación social del país y en el centro federal de rehabilitación psicosocial.
El número de ingresos de personas con discapacidad se disparó en los últimos años ya que el 67 por ciento del total entraron a los centros federales en 2019 y 2020.
La discapacidad visual es la más común entre las personas que están en prisión; destaca la ceguera, la pérdida del globo ocular, la hemorragia vítrea, cataratas, anoftalmia, glaucoma y retinopatía diabética.
En discapacidad motora se encuentran las amputaciones, acortamientos o atrofias de miembros inferiores y superiores y paraplejias, entre otras. También hay personas con discapacidad auditiva, principalmente con hipoacusia, ausencia del conducto auditivo y un par de casos de afectaciones cognitivas y del habla.
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De acuerdo con la información entregada por Prevención y Readaptación Social, el Cefereso 8 ubicado en Coahuila es el que tiene más reos con discapacidad: 291 en total. Le siguen el Cefereso 4 Noroeste, en Nayarit, con 17; el Cefereso 5 Oriente, en Veracruz, con 15; y el Cefereso 16 femenil Morelos con 14.
Las personas con discapacidad recluidas en centros federales son acusadas por delitos como homicidio, delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y trata de personas.
La mayoría de las personas adquirieron la discapacidad fuera de prisión, pero en ocho casos su condición la obtuvieron estando en alguno de los centros penitenciarios. Por ejemplo, a algunos se les detectó un tumor lumbar, esclerosis sistémica, atrofia de muslo, catarata, ataxia y hemiparesia de miembros inferiores.
Las personas con discapacidad que están en el sistema penitenciario, por su misma condición, viven la prisión con un impacto desproporcionado, explica Diana Sheinbaum, coordinadora del programa de discapacidad en Documenta.
En entrevista con Latinus, la especialista detalla que la despresurización de las cárceles debe alcanzar a las personas con discapacidad, así como políticas que mejoren las condiciones de accesibilidad e infraestructura en los centros penitenciarios.
Por grupos de edad, destacan 207 registros de personas de entre 36 y 50 años con algún tipo de discapacidad.
Además de la falta de infraestructura para personas discapacitadas, otro de los problemas es que el Estado no proporciona artículos como sillas de ruedas ni tratamientos de rehabilitación, por lo cual las familias absorben esos gastos.
"La privación de la libertad tiene impactos muy severos sobre la salud física y mental de las personas. Entonces vivirlo como un tratamiento en el caso de personas con discapacidad es una aberración", indica Diana Sheinbaum.