El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República indicó que elegir a los consejeros electorales a través de votación popular, como lo propone la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López, es contradictoria al principio de austeridad que promueve su gobierno porque el costo de este proceso ascendería a más de 8 mil millones de pesos.
En el documento “Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, también señala que además del costo, la reforma electoral propuesta por López Obrador supone riesgos para la estabilidad y desarrollo político del país.
No te pierdas: Córdova llama al diálogo y al consenso para construir una reforma electoral: "Estoy dispuesto a aportar al Congreso"
“La idea de someter a las personas titulares de los órganos electorales es contradictoria con la premisa de la austeridad que impulsa la iniciativa, toda vez que implicaría destinar más recursos a una nueva contienda de alcance nacional”, se lee.
El Instituto Belisario Domínguez explicó que este costo contempla la instalación de casillas, la impresión de boletas y la capacitación de funcionarios para dicho proceso electoral.
“Si tomamos como parámetro el costo de los procesos electorales de los últimos años, la elección de consejeros y magistrados tendría un costo superior a 8 mil millones de pesos que supondrían una carga adicional para el sistema electoral mexicano”, publica el instituto.
Otro de los riesgos destacados por el instituto es la posibilidad de que las autoridades electorales sean parciales y sean más guiados por los cálculos políticos que por el apego a la legalidad, lo que también supone una contradicción con la propuesta de López Obrador que establece elegir autoridades “honestas e imparciales”.
Visita: "La Constitución se encuentra bajo una amenaza emprendida desde Palacio Nacional", asegura el PAN ante la discusión de la reforma electoral
“La adopción del voto directo para la conformación de las autoridades electorales no solo las introduce de lleno en la lucha por el poder, sino que los convierte en juez y parte en las contiendas electorales, lo que podría poner en duda la objetividad de sus resoluciones y eventualmente debilitarlas”, destaca.
El documento detalla que hay poco tiempo para el análisis de la reforma electoral que debería quedar aprobada en mayo del 2023.
“Hacer todos estos cambios en menos de siete meses podría generar errores e inconsistencias que repercutirían en la calidad y certeza de los siguientes procesos electorales”, publicó el instituto.
La propuesta planteada por el presidente también podría abrir la puerta para modificar instituciones como el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), “poniendo en riesgo la estabilidad económica y política del país”, concluyó el IBD.