Por Mario Gutiérrez Vega y Montserrat Peralta
La obediencia de autoridades locales a grupos criminales y sus relaciones de complicidad han quedado evidenciadas en decenas de informes y análisis elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que forman parte de los correos hackeados por el colectivo "Guacamaya".
Estos informes y análisis revisados por Latinus, que se nutren del espionaje y mapeo delincuencial realizado en los últimos años por las 12 regiones militares de la Sedena, muestran que la delincuencia es quien manda en municipios y regiones del país. Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos son una prueba de esto.
En Michoacán, Los Viagra decidieron la reubicación del espacio donde se resguarda el Ejército en el municipio de Buenavista. De acuerdo con el reporte de inteligencia 2204-3646, el pasado 2 de mayo un operador del grupo criminal se reunió con el alcalde Sergio Baez Torres, de Morena, para informarle del cambio.
"Tras reunirse con el presidente municipal de Buenavista, Michoacán, definieron el punto de reubicación del personal militar desplegado en dicho municipio en un terreno ubicado frente a una gasolinera, cuyos gastos serán sufragados por citada presidencia municipal, el cual es referido como "la bodega", la cual cuenta como un cuarto que puede utilizarse como oficina", explica el reporte de inteligencia.
La información detalla cómo los delincuentes no aceptan evasivas ni una negativa del presidente municipal, de quien conocen su teléfono y domicilio. El parte militar refiere que un operador de Los Viagra quería que la cita fuera inmediata y de no suceder así, amenazó con ir a la casa del funcionario.
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El documento también señala que el mismo operador de Los Viagra tiene contacto con un regidor del ayuntamiento, quien le ayuda a gestionar apoyos.
En San Luis Potosí, la Sedena identificó que seis presidentes municipales que iniciaron su gobierno en 2021 podrían tener nexos con el crimen organizado.
Por ejemplo, el Ejército advierte que el priísta Jesús Soni Bulos, alcalde de San Vicente Tancuayalab, es hermano de Jorge Luis Soni Bulos "El Coquis", encargado de una célula afín al CSLPNG-CJNG en Tanquían de Escobedo, en San Luis Potosí, y que se encuentra aliado con el "C.D.G Operativa Espartanos".
Otro alcalde investigado es Arnulfo Urbiola Román, de Rioverde. La Sedena señala que presuntamente tuvo vínculos con integrantes de la delincuencia organizada cuando formó parte del Cuerpo de Defensas Rurales hace años. Añade que también operó para controlar el tráfico de combustible ilícito procedente de Tamaulipas.
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También está el caso de Rafael Olvera Torres, alcalde del municipio El Naranjo. Los militares señalan que está involucrado en actividades ilícitas y mantiene vínculos con dos individuos detenidos el 27 de septiembre de 2019 con una manta del "Gpo. Optvo L 23" del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En los otros tres señalamientos contra alcaldes potosinos, la Sedena documentó publicaciones en redes sociales sobre supuestos vínculos con el crimen organizado. Además, algunos presidentes municipales también aparecieron en mantas elaboradas y desplegadas por delincuentes.
Por su parte, la 18 Zona Militar generó un documento fechado el 26 de abril de este año en el que informa de cinco presidentes municipales de Hidalgo que "posiblemente se encuentran relacionados con el robo de hidrocarburos a los ductos de Pemex".
En el reporte militar aparecen mencionados los alcaldes de Huichapan, el verde ecologista Emeterio Moreno; de Nopala de Villagrán, el morenista Luis Enrique Cadena; de Cuautepec de Hinojosa, el priista Manuel Fermín Rivera; de Atotonilco de Tula, Jaime Ramírez, que llegó por la coalición PAN-PRD, y de Tecozautla, Joel Elías, el único alcalde independiente que hay en el estado de Hidalgo.
La lista generada por la 18 zona militar establece el vínculo de cada presidente municipal con uno o varios delincuentes dedicados al robo de hidrocarburos que identifica con los alias "Cochiloco", "H", "El Aries" y "Michoacano".
En Morelos, un reporte de inteligencia de la Sedena identificó a 12 presidentes municipales ligados en 2019 al grupo delictivo Los Rojos y señaló que al menos otros seis podrían tener vínculos con Guerreros Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación.