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Juez concede otras tres suspensiones definitivas contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos
Lunes 23 de Diciembre de 2024

Juez concede otras tres suspensiones definitivas contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos

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El juez Juan Pablo Gómez Fierro emitió tres nuevas suspensiones definitivas a favor de ocho empresas que solicitaron medidas cautelares contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Las empresas a las que se concedió ayer la suspensión definitiva son: Petrotal, Cimagas, Centro de Distribución de Autoconsumos de Occidente, Comylub Mexicana, Comylub, Comercializadora Industrial de Hidrocarburos, Servicio Villa de Arista y Tiger Fuel.

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Si bien en las resoluciones se especifica que las suspensiones son para ciertos artículos de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, el juez Gómez Fierro determinó otorgar a todas ellas la suspensión de carácter definitiva.

El juez señala que la aplicación de estas reformas podría llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Las suspensiones mencionadas están dentro del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con los números de expediente 1008/2021, 1010/2021 y 1016/2021. Seis de las ocho empresas están incluidas en el primer folio.

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Estas ocho suspensiones definitivas se suman a las seis que otorgaron anteriormente los jueces Rodrigo de la Peza López y Juan Pablo Gómez Fierro

Ambos árbitros reguladores también han otorgado suspensiones definitivas al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), propuestas por el presidente López Obrador.

La reforma a Ley de Hidrocarburos busca fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) en eslabones de la cadena de valor de hidrocarburos donde participan empresas privadas como almacenamiento, transporte, distribución y venta en estaciones de servicio.

Especialistas advierten que esta modificación viola la Constitución y tratados comerciales al afectar la competencia y libre concurrencia.