La Cámara de Diputados denunció ayer miércoles a seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad tras la decisión de posponer la consulta de revocación de mandato.
La denuncia fue realizada por instrucciones del presidente de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna.
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"De esta forma (..) la Cámara de Diputados continuó con el despliegue de acciones jurídicas en defensa de sus facultades y del marco legal", indicaron.
La denuncia fue entregada por personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la FGR.
"También se entregó una queja ante el Órgano Interno de Control del INE por probables irregularidades y faltas administrativas en las que supuestamente incurrieron algunos servidores públicos del organismo" informó la Cámara a través de un comunicado.
El INE aprobó el viernes 17 de diciembre posponer de manera temporal la realización de la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, ante la insuficiencia presupuestal de este organismo. La medida se aprobó con seis votos a favor y cinco en contra.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, argumentó que pese a los esfuerzos que realice este organismo apenas es capaz de fondear uno de cada tres pesos que se gastarían en la revocación de mandato, por lo que consideró que de aprobarse su realización en 2022 se estaría violando a la Constitución.
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Ayer miércoles, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados para que el Instituto Nacional Electoral (INE) se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer los trabajos de la eventual consulta de revocación de mandato.
La Comisión, integrada por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat, acordó admitir a trámite la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados en contra del acuerdo del INE.