Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió hoy que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá hacer los ajustes necesarios a su presupuesto para cumplir con lo señalado en la Ley Federal de Revocación de Mandato y realizar la eventual consulta en esta materia, luego de que la Cámara de Diputados aplicó un recorte de 4 mil 913 millones al órgano electoral en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022.
"Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como que se exima al Instituto y a su personal de las sanciones administrativa, penales o de diversa índole a que hubiera lugar", señala el ministro.
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El artículo cuarto transitorio del decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de septiembre y por el que se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, al que alude el acuerdo de la Corte, señala que “el Instituto deberá garantizar la realización de la consulta(…), por lo que hará los ajustes presupuestales que fueren necesarios".
El pasado 12 de diciembre, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, defendió la controversia constitucional que promovió el órgano electoral por el recorte a sus recursos en el PEF 2022, al explicar que faltan 2 mil 300 millones de pesos para realizar una eventual consulta de revocación de mandato.
Detalló que el INE, tras los ajustes presupuestales que hizo para poder llevar a cabo un eventual proceso de revocación de mandato, cuenta con mil 503 millones de pesos, cuando este ejercicio requiere recursos por más de 3 mil 830 millones de pesos.
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"El monto resulta insuficiente para llevar a cabo este proceso con las características y amplitud que se estipulan en la propia Ley federal de la materia que, entre otras cosas, exige instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral federal, es decir, mas de 161 mil casillas", explicó Córdova.
Y apuntó que "el boquete presupuestal que hoy enfrentamos para poder realizar adecuadamente este ejercicio es del orden de 2 mil 300 millones de pesos, que hoy son faltantes".
"Ante la grave situación en la que el recorte presupuestal aplicado por la Cámara ha colocado al INE, decidimos promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta determine cómo debe avanzar el instituto en la revocación de mandato, u ordene que se otorguen al INE los recursos requeridos para dicho proceso".