Por Ana Lucía Hernández

En México, la violencia de género ha llegado a niveles nunca antes vistos. En 2020, se registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales sólo 940 fueron clasificadas como feminicidios de acuerdo con Amnistía Internacional. Tan solo en agosto pasado, se confirmaron 107 feminicidios, cifra récord desde que se tiene registro de este delito.

Las deficiencias en los Servicios Médicos Forenses, la falta de personal, de material, de empatía y hasta de sentido común condena a las víctimas y a sus familias a la impunidad: perder pruebas, no respetar las cadenas de custodia, omitir análisis, detalles en el cuerpo de las mujeres y del lugar en el que fueron encontradas dinamita cualquier posibilidad de dar con los feminicidas y castigarlos.

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El escenario empeora con la falta de comunicación entre las fiscalías locales, pues los responsables huyen a otras entidades del país y muy pocas veces se da seguimiento para detenerlos.

Ante la protesta y el enojo ciudadano por la crisis de impunidad, la respuesta del gobierno federal es minimizar la situación, recortar presupuestos para atender a mujeres violentadas y lanzarse contra organizaciones civiles.