Un juez federal concedió a la organización civil Defensa Colectiva una suspensión definitiva para frenar de manera indefinida el acuerdo de la Secretaría de Energía (Sener) sobre la política del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), impulsado por la titular de la dependencia, Rocío Nahle.
El juez Rodrigo de la Peza, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México emitió el fallo que suspende indefinidamente la medida, que limita la participación de la iniciativa privada en la producción de energías renovables.
Esta es la primera suspensión definitiva otorgada por un juez federal contra el Acuerdo por el que se emitió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo.
Lee también: AMLO dice que rescatará el sector energético con Nahle, Romero y Bartlett
El pasado 29 de mayo el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó la suspensión provisional a la organización Greenpeace al mismo Acuerdo.
La medida impulsada por Nahle desde la Sener ha recibido críticas de diversos sectores, entre ellos activistas, organizaciones ambientalistas, cámaras de la industria energética y representantes de la iniciativa privada, tanto nacionales como internacionales.
Al respecto, Nahle respondió que "no se trata de buenos y malos, no se trata de privados y públicos, se trata de tener un orden".
Los principales grupos empresariales también condenaron durante el fin de semana las nuevas normas, argumentando que golpearán la confianza de los inversores y frenarán el crecimiento de la energía renovable, a medida que aumentan las tensiones entre el sector privado y el Gobierno de México.
La disputa supone otro golpe a la relación entre los empresarios y el presidente mexicano, quien ha alarmado a los inversionistas con su insistencia para buscar mayor control estatal en el sector energético, y a menudo tratando de modificar compromisos existentes.
Los gobiernos extranjeros y los inversionistas internacionales están preocupados de que México esté erosionando los fundamentos legales de contratos de miles de millones de dólares pactados con la administración anterior.