La secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, informó este miércoles que se solicitó al poder legislativo posponer a febrero de 2021 el debate de la iniciativa de ley del presidente para regular el outsourcing.

"Ante la envergadura de la reforma de sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso. Por ello, se solicita respetuosamente al poder legislativo se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa, que se señalará como preferente para que en un plazo no mayor de 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse", dijo Alcalde en conferencia de prensa.

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Esta petición es parte de los acuerdos que se firmarán hoy entre el sector empresarial, el sector de los trabajadores y el gobierno de México respecto al outsourcing.

Alcalde dijo que las partes involucradas se mostraron de acuerdo y se comprometieron a "resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal", como parte de los acuerdos que enlistó.

"Las empresas del país iniciaron de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal", aseguró la secretaria.

"El esquema de reparto de utilidades en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo en la que no se podrá subcontratar personal no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido. En consecuencia, se necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de reparto de utilidades justo equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago. Se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto", señala otro de los puntos.

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Se hizo un llamado a las empresas que manejan nóminas para que, dijo, dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores, "como darlos de baja de manera masiva en diciembre".

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y, de encontrarse irregularidades o una posible comisión de delitos, se procederá administrativa o penalmente.

Carlos Aceves, secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aseguró que el sector obrero está de acuerdo y votó a favor de este convenio.

Mientras que Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el acuerdo les permitirá mejorar cualquier propuesta que se haya hecho, "manejarnos mucho mejor, entender mucho mejor las consecuencias de esta iniciativa y nos dará el tiempo para adaptar a las empresas de una manera adecuada y también a los trabajadores en cuanto al tipo de nóminas que van a buscar".

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El acuerdo fue firmado por los secretarios del Trabajo y de Hacienda, la titular del SAT, por el director del IMSS, el titular del Infonavit, el Procurador Fiscal de la Federación y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También lo firmaron representantes de la CROC, de la Confederación Regional Obrera Mexicana, del Sindicato de Telefonistas, de la Asociación de Pilotos Aviadores de México, del STUNAM, de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, de la CATEM, de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos, de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, y de la CTM.

Además de representantes de la Concamin, Concanaco, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Consejo Mexicano de Negocios, Canaco, ANTAD, CCE y de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles.

Primera iniciativa no contemplaba utilidades: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador agregó que en los primeros acuerdos con la Iniciativa Privada no estaba contemplado el tema de las utilidades.

“En la iniciativa inicial no se agregó el tema de las utilidades. El sector empresarial solicitó que se trate también para que no haya discrecionalidad y se cumpla con el mandato constitucional”, explicó.

El pasado 12 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de ley para regular el outsourcing (o subcontratación) que, dijo, se utiliza como una forma de defraudación fiscal.