EFE.- Un tribunal de Moscú dejó hoy bajo arresto domiciliario hasta el próximo 23 de marzo a Oleg Navalny, hermano del líder opositor ruso Alexei Navalny, así como a varios manifestantes, entre ellos una de las fundadoras del grupo punk Pussy Riot, María Aliójina, condenados en enero por haber participado en las protestas antigubernamentales.
El Tribunal Municipal de Moscú reconoce como legal la decisión de la corte de distrito Tverskói, dictada el pasado 29 de enero sobre el arresto domiciliario para Oleg Navalny como medida preventiva hasta el 23 de marzo, señaló el servicio de prensa de la institución judicial en su canal oficial de Telegram.
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Los jueces rechazaron así el recurso de Oleg Navalny, que fue condenado por haber violado las normas sanitarias durante las multitudinarias protestas el 23 de enero en Rusia para exigir la puesta en libertad de su hermano.
También desestimaron el recurso de Aliójina, de acuerdo con las mismas fuentes del tribunal moscovita.
Junto a Oleg Navalny y Aliójina, fueron detenidos y puestos bajo arresto domiciliario otros aliados cercanos del líder opositor ruso por haber acudido a las protestas antigubernamentales, como la médico de Alexei Navalny, Anastasía Vasílieva, su número dos, Liubov Sóbol, su portavoz, Kira Yarmysh, o los empleados de su fondo de lucha contra la corrupción Oleg Stepánov y Nikolái Lyaskin.
En total hay diez acusados en el caso por violación de las normas sanitarias y epidemiológicas.
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El centro ruso de derechos humanos “Memorial” declaró a nueve de los aliados de Navalny presos de conciencia.
El líder opositor ruso fue detenido el 17 de enero a su regreso a Rusia desde Alemania, donde se recuperaba del envenenamiento que sufrió en agosto de 2020 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, según denunció él mismo.
Su detención generó protestas en toda Rusia los días 23 y 31 de enero en las que participaron decenas de miles de ciudadanos para exigir la liberación de Alexei Navalny, marchas en las que fueron detenidas más de 11 mil personas, a menudo con el uso excesivo de la fuerza.
El pasado 2 de febrero el político y activista anticorrupción fue condenado a 3.5 años de prisión, aunque solo tendrá que cumplir 2 años y ocho meses por los días que ya ha pasado en arresto domiciliario.