China anunció este martes que vetará la entrada al país a cuatro funcionarios estadounidenses después de que Washington anunciara el pasado 10 de diciembre sanciones por supuestas violaciones de derechos humanos en la región autónoma de Xinjiang.
Los cuatro funcionarios sancionados por China forman parte de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, entre ellos su presidente y su vicepresidente, detalló el portavoz de Exteriores chino Zhao Lijian en rueda de prensa, quien aseguró que la decisión se toma “con base a la reciprocidad”.
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Entre los sancionados por Estados Unidos el pasado 10 de diciembre se encuentra Shohrat Zakir, exjefe del Gobierno regional de Xinjiang, y su sucesor, Erken Tuniyaz, así como la empresa de vigilancia tecnológica SenseTime.
Estados Unidos aseguró que durante sus mandatos un millón de uigures, una minoría musulmana, y miembros de otros grupos étnicos en dicha región fueron internados en instalaciones vigiladas.
En los últimos años, han surgido denuncias por parte de algunos uigures que viven en el extranjero sobre su situación y la de otras minorías musulmanas en la región.
El pasado mes de marzo, la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, entre otros, anunciaron sanciones contra varios funcionarios chinos por supuestos abusos contra los derechos humanos en Xinjiang que Pekín ha negado en repetidas ocasiones.
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Representantes del Gobierno de Xinjiang han expresado igualmente que las acusaciones son meras “falsedades”.
El propio Zakir defendió anteriormente ante los medios locales que los mencionados centros de internamiento eran en realidad “centros de formación profesional” y que se abrieron bajo las directrices del presidente chino, Xi Jinping, para luchar contra las “tres fuerzas del mal: el terrorismo, el extremismo y el separatismo”.
Por su parte, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) han alertado de abusos, torturas y muertes bajo custodia en estos centros, en los que, según Pekín, “se aprende mandarín, nociones sobre derecho y un oficio”.
Las ONG también han denunciado que en Xinjiang los musulmanes no pueden practicar su fe con libertad.