La disputa por un predio de 18 mil metros cuadrados en Ecatepec escaló hasta instancias internacionales.
La defensa legal de Cecilia Flores, una mujer de 84 años que desde hace siete años busca recuperar una propiedad asegurada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEM), presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras el incumplimiento de una orden judicial que obliga a devolverle el inmueble.
La denuncia ante el organismo internacional se interpuso después de que autoridades ministeriales mexiquenses desacataran una resolución emitida por un juez de control que ordenó al fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, levantar el aseguramiento del predio y entregarlo a su legítima propietaria.
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El terreno, ubicado en la calle Vidrio número 8, en la colonia Santa Clara de Ecatepec, fue asegurado el 26 de abril de 2019 tras una denuncia anónima que señalaba que en una bodega ubicada dentro del inmueble presuntamente se desmantelaban vehículos robados.
Sin embargo, de acuerdo con la resolución judicial, durante las investigaciones no se acreditó la comisión de delito alguno dentro de la propiedad y Cecilia Flores logró demostrar la legítima posesión del terreno.
Pese a ello, Cecilia no recuperó el inmueble. Según su versión, la Fiscalía Regional de Ecatepec terminó entregando la propiedad a la empresa Inmuebles y Servicios Mexicanos S.A. de C.V., subsidiaria de Inmuebles Carso, aunque presuntamente sin que sus representantes acreditaran legalmente la propiedad del terreno.
El pasado 8 de mayo, el juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Óscar Cárdenas Reyes, instruyó al fiscal mexiquense ordenar al Ministerio Público Mario Alberto Gutiérrez Ramírez el levantamiento del aseguramiento y la restitución inmediata del inmueble.
Sin embargo, la orden judicial continúa sin cumplirse.
Actualmente, el predio permanece bajo resguardo de elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México.
"Que ya ponga las cosas en orden como deben de ser, no estamos bien porque nada más estamos pensando en qué irá a pasar", exigió Cecilia Flores.
Ante el desacato de las autoridades, los abogados de la víctima acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares en favor de ella y su familia.
La petición sostiene que durante estos años han sido víctimas de amenazas, hostigamiento y agresiones que ponen en riesgo su integridad personal, situación que, afirman, se ha agravado conforme avanzan los litigios para recuperar la propiedad.
"Siete años que han privado del derecho de propiedad a la señora Cecilia, siete años de irregularidades de la fiscalía, siete años de una administración de justicia débil, porque han sostenido que no había elementos para devolverle su inmueble", afirmó Miguel Covarrubias, abogado de la víctima.