El Partido Verde Ecologista de México afirmó que la reforma constitucional en materia de bienestar animal, publicada el 2 de diciembre de 2024, representa un avance histórico al establecer la obligación del Estado de garantizar la protección, trato digno, la conservación y el cuidado de los animales.
Sin embargo, advirtió que el reconocimiento constitucional no es suficiente si no se traduce en un andamiaje legal sólido que permita hacer efectivo ese mandato.
De acuerdo con el posicionamiento del partido, el cambio constitucional sentó las bases para fortalecer la actuación de las instituciones públicas y avanzar hacia una política nacional más robusta en materia de bienestar animal. No obstante, sostuvo que en el país persisten casos de maltrato y crueldad que evidencian vacíos en la implementación y en la capacidad de sanción.
El Partido Verde destacó la iniciativa conocida como “Ley Pay de Limón”, presentada en octubre de 2025 por el senador del partido por Nuevo León, Waldo Fernández. La propuesta busca endurecer el marco jurídico para sancionar actos de crueldad animal y dotar a las autoridades de mayores herramientas para prevenir, investigar y castigar estas conductas.
Pay de Limón es un perrito mestizo que sobrevivió en 2011 a la amputación de sus patas delanteras tras ser víctima de tortura por parte del crimen organizado en Fresnillo, Zacatecas.
El planteamiento legislativo, destacó el instituto político, pretende cerrar la brecha entre el reconocimiento constitucional y su aplicación efectiva, mediante mecanismos más estrictos de sanción y prevención. El reto actual, destaca, es consolidar el avance constitucional con leyes secundarias y políticas públicas que eviten la impunidad en casos de maltrato.
El Partido Verde sostuvo que la reforma marcó un antes y un después en la protección de los animales en México, pero insistió en que su efectividad dependerá de la capacidad del Congreso y de las instituciones para traducir ese marco constitucional en resultados concretos en materia de bienestar animal.