Más de 18 mil delitos contra el ambiente y la gestión ambiental han sido denunciados en México durante los últimos 14 años, una cifra que ha reactivado el debate sobre la eficacia de las sanciones para castigar a quienes contaminan ecosistemas, destruyen recursos naturales o afectan cuerpos de agua.
Ante este panorama, el Partido Verde advirtió la necesidad de endurecer las penas y clasificar estos ilícitos como delitos graves.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero de 2012 y abril de 2026 se iniciaron 18 mil 453 carpetas de investigación por delitos ambientales en todo el país. Para el Partido Verde, estas estadísticas reflejan que el daño al medio ambiente continúa siendo un problema persistente que requiere una respuesta más contundente de las autoridades.
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El Partido Verde recordó la iniciativa presentada en 2025 para modificar el marco legal y establecer sanciones más severas contra quienes incurran en conductas que afecten el patrimonio ambiental del país. Su propuesta plantea considerar como graves diversos delitos relacionados con la contaminación de suelos y cuerpos de agua, la destrucción de ecosistemas y el aprovechamiento ilegal de recursos naturales.
El partido argumentó que las afectaciones ambientales trascienden el deterioro de flora y fauna, ya que tienen consecuencias directas en la salud pública, la disponibilidad de recursos naturales y la calidad de vida de las comunidades.
Las cifras históricas muestran además que el fenómeno se ha concentrado en distintas regiones del país. Quintana Roo ocupó el primer lugar nacional en incidencia de delitos ambientales entre 2015 y 2018, y permaneció entre las tres entidades con más casos durante 2021 y 2022.