El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila confirmó que el periodo extraordinario de sesiones previsto para discutir principalmente las reformas en telecomunicaciones y desapariciones forzosas retrasarán otra vez su discusión y votación en el Congreso de la Unión al menos tres semanas.
En un mensaje que difundió en sus redes sociales comentó que están “preparando el periodo extraordinario de sesiones anunciado. Vamos a llevarlo a cabo, seguramente, en tres semanas más, porque necesitamos concluir las iniciativas que se van a presentar para regular, cuando menos, 22 materias”.
“Algunas de las iniciativas contienen hasta seis leyes a modificar, como es el caso de la Ley de la Guardia Nacional, que modifica siete leyes. Asimismo, otras materias que modifican varios ordenamientos jurídicos”, explicó.
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El pasado 27 de mayo, Monreal Ávila afirmó que antes del 1 de septiembre, día en el que inicia el periodo ordinario de sesiones, se llevarían a cabo dos periodos extraordinarios, el primero se llevaría a cabo “tentativamente del 9 al 16 o 17 de junio y el segundo, entre la primera y segunda semana de agosto”.
“Las iniciativas pueden ser presentadas por la Presidenta de la República o por los legisladores. Hay otras iniciativas pendientes de aprobación en la Cámara de Senadores, como son la de personas desaparecidas, y todas estas tienen que tener un consenso mínimo con los colectivos, así como la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, aseguró
En el caso de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión recordó que “hubo un conversatorio y que ya hay un predictamen o un dictamen, más o menos consensuado con las partes que están interesadas”.
“Es un trabajo pesado, intenso, pero también integral. Todo esto es el trabajo previo al periodo extraordinario, porque para convocarlo tenemos que tener la materia y los insumos, así como el tiempo determinado. Esa es la naturaleza del periodo extraordinario”, detalló.
El líder de Morena en la Cámara de Diputados adelantó que van a hacer una revisión “estos días, pero seguramente a finales del mes de junio estaremos abordando estos temas en el periodo extraordinario”.
Hace casi cuatro meses, el 13 de febrero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas de reforma, una a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la otra, a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Rubén Moreira Valdez ha criticado un artículo de la Ley de Inteligencia para la seguridad, que permite al secretario de Seguridad Omar García Harfuch recabar información de personas sin la participación de jueces, incluyendo registros telefónicos, que pueden ser el inicio de un “estado policial”.
En tanto que el líder de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa ha subrayado la necesidad de “poner límites claros al gobierno en el uso de datos biométricos y acceso a la telefonía”.
“Porque si hemos tenido un gobierno espía sin un marco jurídico, con uno ya se imaginarán el ‘Big Brother’ que vamos a tener, si no le ponemos límites”, dijo Lixa el 26 de marzo pasado, día en el que la oposición logró posponer la votación de ambas leyes de seguridad.
Aunque en su comparecencia ante coordinadores de la Cámara de Diputados el pasado 26 de mayo, García Harfuch afirmó que dicha institución no hará uso discrecional de los datos biométricos, porque la conducción de investigaciones será a cargo del Ministerio Público.